¿Perdimos el país?

México y quienes lo habitamos estamos parados al inicio de un camino que puede implicar nuestra ruina como nación. O somos valientes y fortalecemos nuestra democracia a cualquier costo o nos tornamos un país de cínicos, inviable e irremediablemente corrupto.

Fundamento mi preocupación en el hecho de que una sociedad no puede buscar la justicia violando la ley y cometiendo hechos delictivos.

El que una gobernadora del partido de Estado revele en una conferencia audios grabados ilegalmente en presencia de un fiscal no hace más que validar una gravísima conducta que, de entrada, los pone en la hipótesis de probables responsables de un acto contrario a la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.

En absoluto defiendo a quienes son sujetos de ese espionaje —salvo que exista orden de intervención de juez, pero, aun así, la difusión sería ilegal. Lo que sí llamo a observar es que cada vez existen más casos de autoridades que replican esas acciones, normalizando la violación a la ley para encauzar a políticos adversarios del sistema.

En los temas electorales, se recurre a defraudar la ley para tomar ventajas en los comicios. Ocurre porque se permite, porque ése es el mensaje que alienta.

Esta normalización de la ilegalidad —versión tropicalizada de “el fin justifica los medios”—, cuando se ha venido ejercitando desde la más alta posición del gobierno, permea a todas las estructuras e involucra la violación de derechos humanos de quienes no tienen los recursos para una buena defensa, que resulta todavía más grave.

Si bien esta tendencia no ha sido desarrollada exclusivamente por este gobierno, sí se ha llevado a un extremo desde su titular.

Si esa gobernadora hace públicos, de manera dosificada, tales audios y nos los presenta ante la autoridad investigadora, implica que sólo se busca un fin político y victimiza —y, paradójicamente, blinda— a un probable infractor.

Debemos defender el Estado de derecho y estos actos lo vulneran y minan nuestra democracia, la cual debemos defender a como dé lugar porque, sin ella, retrocederemos vergonzosamente como ciudadanos y como país.

Aplicar la ley es la garantía de que la democracia no será amenazada, degradada, por los poderes fácticos. Conocemos vastos ejemplos de lo que ocurre cuando estos límites se rebasan.

La tendencia de la clase política actual es el continuismo del PRI, la permisividad de los actos contrarios a la ley para mantenerse en el poder. Pero, por el estado de las cosas que los medios reportan cotidianamente, pareciera que el gobierno federal perdió el control del país.

La violencia no tiene freno, muchos mexicanos son desplazados de sus territorios, la extorsión y el cobro de piso son cosa de todos los días, los homicidios y aquellos cometidos en razón de género siguen creciendo.

Hoy, la Iglesia católica, que había optado por el silencio frente al lopezobradorismo, finalmente decidió asumir un rol activo en beneficio de los ciudadanos, para llamar a la pacificación del país.

La mayor iglesia cristiana levantó la voz para contradecir a quien distorsiona el cristianismo y lo utiliza para servirse del poder. Es esta parte cuestionable, sí en tanto que como persona pública lo utiliza para ejercer el mismo poder.

En síntesis, la consecuencia de la laxitud ante el crimen, la violación sistemática a la Constitución y el fraude a la ley, es la pérdida del control del Estado por parte del actual gobierno, para garantizar a la democracia como el modelo constitucional que los mexicanos se han dado.

Ante ello, el llamado de múltiples actores a la pacificación del país necesariamente pasa por la defensa del Estado de derecho y, por lo tanto, de la democracia. A qué grado debe darse esta defensa, al que tenga por límite la propia Constitución.