Ni fichas ni corcholatas

Dentro de los falsos debates que suelen producirse para desviar la atención sobre casos que afectan a la administración federal, quizás el que más costo político genera es el de pretender designar a los ministros de la Suprema Corte por voto popular, cuando ya lo son de manera indirecta.

La propuesta ha unificado posiciones nacionales, extranjeras y de los órganos supranacionales que advierten a los mexicanos sobre sus derechos humanos, la certidumbre jurídica y la viabilidad de los negocios, ya que todo eso estaría en juego con la pretendida iniciativa.

Explicamos por qué es una acción de distracción frente a los recientes casos de corrupción del gobierno federal que han sido desvelados. Morena ni sus aliados en el Congreso tienen la mayoría calificada para aprobar tal reforma constitucional. El jefe del Ejecutivo anunció que la presentaría hasta septiembre del próximo año, a días de dejar el cargo, si su partido gana la mayoría calificada en el Congreso. ¿Entonces?

Los diputados de Morena, a más de un año de que eso ocurra, realizaron un conversatorio sobre su probable propuesta, pero saben que los legisladores que hoy están no lo estarán en septiembre de 2024, por el relevo electoral.

Si bien se presentaron académicos y juristas diversos. Destacan los argumentos de dos ministros en retiro y de la representación de las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, la Jufed.

Diego Valadés, ministro en retiro, dijo que los mexicanos no tienen la garantía de que las personas que se propongan cuenten con las cualidades de independencia, autonomía y competencia. Y le asiste la razón porque no se trata de elegir fichas o corcholatas, sino a quienes tienen bajo su responsabilidad el ser los únicos intérpretes de la Constitución.

José Ramón Cossío, igualmente ministro en retiro, “mató” la propuesta con un simple argumento: la pregunta que se realice sobre la elección popular de los ministros es de índole electoral, asunto que está prohibido abordar en las consultas. Por lo que es un hecho que la Corte la rechace.

Por su parte, Froylán Muñoz, magistrado y director nacional de la Jufed, argumentó que la propuesta es inconvencional y contraria a los márgenes establecidos por la CIDH sobre la garantía de independencia de la administración de justicia.

Alcanzar el cargo de juzgador lleva años de trabajo y rigurosos exámenes, resaltó. Hacer una campaña de tres meses sólo pone en riesgo la defensa de los derechos humanos de los mexicanos.

Por otra parte, como parte del encuentro Anticorrupción e Investigaciones México, realizado por Latin Lawyer & GIR, se subrayó que la independencia y objetividad del Poder Judicial es una pieza fundamental en la lucha contra la corrupción.

Se concluyó que, sin jueces independientes, cualquier esfuerzo en contra de este fenómeno multifacético es ineficaz.

Pese al compromiso de combate a la corrupción como eje de la administración actual y de las robustas leyes anticorrupción, en México no se ha podido consolidar un sistema efectivo que sujete a las personas morales a responsabilidad penal por la comisión de hechos de corrupción.

La experiencia latinoamericana de combate a la corrupción, de cooperación interinstitucional y prevención ha mostrado avances importantes, de acuerdo con los indicadores presentados; sin embargo, los cambios políticos en Brasil, Perú, Colombia y Chile han implicado, también, un cambio de enfoque en los esfuerzos para lograr la estabilización política de la región.

Quizás uno de los enfoques más importantes del encuentro es la necesidad de construir una cultura de integridad desde el interior de las compañías. Políticas de probidad y procedimientos adecuados para canalizar denuncias internas son vitales para reformular el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en materia de corrupción.