Morena contra el mundo

El gobierno de Morena ha mostrado una muy preocupante tendencia a violar abiertamente la Constitución y las leyes, y amenazar a los órganos autónomos. En concreto, en las últimas semanas ha dejado ver que demoler los pilares de la democracia puede ser una acción concertada válida, para ganar una encuesta de popularidad e imponer una reforma eléctrica contraria a la legalidad nacional e internacional.

Si esto lo ha hecho para ganar un ejercicio transformado en una medición de popularidad, imagínese lo que es capaz de hacer en las elecciones de 2024. No sé si los mexicanos que votaron por esta opción son capaces de apoyar tal desafío a sus libertades y derechos humanos, porque, desafortunadamente, los más pobres, como siempre, perderán más.

A este conflicto se suma otro. La carta de cuatro senadores de Estados Unidos a la administración Biden cuestionando el uso de la justicia para la persecución política. Es gravísimo, porque Morena acumula ya varias llamadas a cumplir el Estado de derecho por parte de ese país, de Canadá y de la Unión Europea.

Hoy es cuando los mexicanos podemos entender el artículo 87 de la Constitución, cuando establece que el jefe del Ejecutivo protesta guardar y hacer guardar la Constitución y sus leyes y, si no lo hiciere, la nación se lo debe demandar.

Una sanción económica no la va a soportar nuestra economía y los más pobres serán los más afectados. El concepto de soberanía que hoy se enarbola es anacrónico y pretende, al igual que Cuba, Nicaragua y Venezuela, ser un cerco a la crítica exterior y un paraguas para cometer actos ilegales en contra de los derechos humanos de la población. Esto ya no es posible.

En esta semana, ha sido la propia Constitución la que ha dado dos reveses a las políticas morenistas: la prohibición de 10 años a emplearse luego de haber trabajado para el gobierno, que violaba notoriamente los derechos humanos de los personas exservidoras públicas.

Y, de manera inmediata, se declara inválido que el Poder Ejecutivo pudiera usar de manera discrecional sus propios ahorros, pasando por encima de la división de poderes, dado que se trata de una facultad del legislador.

Se trataba de un recurso público del cual el Ejecutivo no daba cuenta y se mantenía en la secrecía.

Si bien la Suprema Corte es la interprete única de la Constitución, cada persona juzgadora federal, en estricto sentido, es titular del Poder Judicial, y éstas corrigen de manera cotidiana los actos de autoridades que son contrarias a la Carta Magna.

Los demócratas las acatan, aunque no estén de acuerdo, porque reconocen el valor del equilibrio de poderes y buscan otras rutas legales. Los que no lo son, denostan y atacan.

El INE no hace leyes, sino que aplica las que los partidos han creado, entre ellos Morena, y como es la investigación en contra del titular de Gobernación por uso indebido de recursos, por el uso de un avión para promover la encuesta.

Ahora atestiguamos un llamado del gobierno de Morena a violar las leyes, algo sin precedente en México. El desafío es al Estado de derecho, a usted y a todos.

Por eso, es válido el llamado reciente del Presidente, pero, en este caso, a los morenistas moderados a rebelarse para contener la destrucción democrática que se pretende, porque el país que hoy se destruye lo habrán de heredar también sus hijos.

Defender el INE es un imperativo porque Morena quiere disolverlo para controlarlo, al igual que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ofreciendo un falso discurso.

Introducir la cuota partidista en un órgano jurisdiccional es contrario a toda la doctrina internacional, pero muy apegada al manual del populismo.