México se vuelve un socio poco confiable

El reciente informe de Transparencia Internacional ha colocado a México en el puesto 140 del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), compuesto por 180 países, la calificación más baja en su historia. Este descenso no es sólo una estadística alarmante, sino un reflejo de los graves problemas estructurales que enfrenta el país en materia de justicia, transparencia y seguridad.

Esta misma organización ya había señalado que la reforma judicial impulsada por el gobierno generaría mayores espacios para la corrupción, una advertencia que hoy se comprueba. Las condenas por la elección de juzgadores han evidenciado cómo las reformas han debilitado la independencia del Poder Judicial, permitiendo mayor influencia política en su designación y facilitando prácticas opacas que afectan la impartición de justicia.

No puede evitarse decir que esto es la consecuencia de la premeditación del expresidente López Obrador, quien afirmó reiteradamente que los órganos de transparencia no servían para nada, cuando en realidad se buscaba debilitar la rendición de cuentas frente a sus votantes.

El gobierno sucesor operó la desarticulación de los órganos autónomos y desmanteló el Poder Judicial, por lo que la consecuencia será aún peor en los años por venir.

Entonces, ahora la realidad se presenta desnuda. El gobierno de México no tiene el capital político para enfrentarse a Donald Trump, porque se trata de una contraparte corrupta, de acuerdo con el índice mencionado, involucrada con el crimen, de acuerdo con la inteligencia de Estados Unidos, y sin Estado de derecho.

Es decir, hoy Donald Trump tiene más incentivos para arrinconar al gobierno mexicano, como ya lo hemos visto.

En ese complejo contexto se enarbola el nacionalismo, que tampoco ha funcionado. Y con menos motivación ahora que se expropiará el dinero de millones de trabajadores a través de las reformas del Infonavit. La ecuación no puede más que complicarse.

La falta de transparencia y la ausencia de certidumbre jurídica son, eso sí, para México, un “balazo en el pie”, como bien lo han dicho miembros del gabinete.

El Banco Mundial y el FMI han advertido que la corrupción y la falta de Estado de derecho aumentan los costos de transacción para las empresas, desincentivan la inversión extranjera y reducen el crecimiento económico. Los países con instituciones débiles tienden a atraer menos capital debido a la falta de confianza en la seguridad jurídica.

Ésta es una de las razones por las cuales se produce la expropiación, vía ley, de los fondos de los trabajadores. Qué medio de defensa tendrán, pues, si se concreta la elección de jueces, no existirá.

La OCDE sostiene que la incertidumbre jurídica afecta la toma de decisiones empresariales y provoca la reubicación de inversiones hacia países con mejores condiciones regulatorias. Esto implica pérdida de empleos y menor desarrollo industrial.

Las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Moody’s señalan que un alto índice de corrupción impacta negativamente en la calificación crediticia del país, aumentando el costo de financiamiento tanto para el gobierno como para las empresas.

En este contexto, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca añade una capa de complejidad a las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

En la prensa, como ejemplo de la realidad que enfrentan las empresas, se da cuenta de las extorsiones que vive la vinícola más antigua de América, Casa Madero, establecida en Parras, Coahuila, la cual fue incendiada por personas ejidatarias que, a primera vista, querían apoderarse de un canal de agua que comparten, pero que, al profundizar, se encuentra con un entramado oscuro de vínculos políticos y otros inconfesables.

Esto no es el mejor mensaje para el nearshoring.