México ante el abismo jurídico

La reforma, con efectos retroactivos, aprobada por el Congreso mexicano a la Ley de Amparo ha encendido focos rojos en el ámbito internacional. Gobiernos, organismos multilaterales, analistas jurídicos y actores económicos del extranjero han comenzado a emitir señales de preocupación sobre el rumbo institucional del país. Washington, Bruselas y Ginebra se preguntan: ¿sigue siendo México un Estado de derecho confiable para la protección de derechos e inversión?.

Su respuesta es no; México es un país sin Estado de derecho y con una corrupción que baja desde las esferas más altas del poder hasta la ventanilla más elemental. 

Los empresarios globales han leído bien las señales y frenado nuevas inversiones ante la creciente incertidumbre jurídica, particularmente por la polémica elección de jueces laborales federales, hecho denunciado públicamente por el Congreso de Estados Unidos debido a su captura por sindicatos del oficialismo. 

De acuerdo con documentos de éste, el impulso autocrático iniciado por el lopezobradorismo, “sustentado por una nueva clase política apalancada por corrupción y grupos criminales”, está generando estas reformas para reproducirse en el poder. 

La OCDE, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Estados Unidos, así como instituciones académicas y financieras han comenzado a cuestionar el retroceso que esta reforma representa en las siguientes dimensiones:

La reforma al amparo impacta en cuatro áreas clave: restringe el acceso a la justicia para colectivos al exigir requisitos más estrictos de interés legítimo; elimina suspensiones judiciales que protegían a empresas frente a decisiones arbitrarias; debilita la capacidad de los jueces para hacer cumplir sus sentencias, fomentando la impunidad; y viola tratados internacionales como el T-MEC, exponiendo al Estado mexicano a arbitrajes millonarios por trato inequitativo a inversionistas.

La ley de amparo es inconstitucional e inconvencional porque, pese a la mentira reiterada de Palacio, tiene efectos retroactivos. El gobierno miente a los mexicanos y al capital extranjero. Nadie está a salvo.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados miembros deben garantizar recursos judiciales eficaces, especialmente para poblaciones vulnerables. La reforma mexicana contraviene el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos al restringir la posibilidad de amparos colectivos o de interés difuso.

Para la OCDE es claro que la confianza inversora depende en gran parte de la previsibilidad y acceso a mecanismos legales eficaces. Al eliminar suspensiones y cerrar caminos al control judicial de actos fiscales, México se aleja de los estándares de gobernanza y transparencia. 

El capítulo 14 del T-MEC garantiza trato justo a inversionistas; al eliminar mecanismos legales internos contra actos arbitrarios, la reforma lo viola.

Los ciudadanos mexicanos ya pueden acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violaciones sistemáticas y el debilitamiento institucional. Aunque, en principio, debe agotarse la vía interna, la Corte IDH permite excepciones cuando los recursos nacionales son ineficaces o inexistentes, como ocurre con la reforma al amparo, que limita gravemente el acceso a la justicia y deja sin protección real los derechos fundamentales. Existe imposibilidad objetiva o una denegación sistemática de justicia.

Recordemos que ya se desarrolla un litigio abierto por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) ante la CIDH, en relación con las reformas judiciales propuestas y su impacto en la independencia judicial.

América Latina avanza en la ampliación de derechos colectivos y fortalecimiento de la justicia constitucional —Colombia, Argentina y Costa Rica—, mientras que México retrocede hacia un modelo de control estatal e indefensión de los gobernados.