Mexicanos perdieron el control de sus autoridades

El gobierno de Morena despojará al pueblo de México del derecho humano de controlar judicialmente las actuaciones de los funcionarios públicos. Los actos autoritarios no podrán ser detenidos ni por comunidades ni por empresas. La persistencia refleja una espiral de fuerzas internas para vaciar a la Constitución del principio de soberanía popular y de garantizar la democracia y la división de poderes.

Estoy citando los conceptos del constitucionalista venezolano Allan Brewer-Carías, quien describe lo acontecido en su país con la ruta similar a la que Morena intenta imponer en México: primero fue el “asalto” al Poder Judicial para convertirlo en un instrumento del autoritarismo y, luego, desaparecer el control constitucional y despojar a la Constitución de su valor de Norma Suprema.

Hoy, advierte, ningún juez se atreve a emitir una sentencia que vaya en contra del gobierno. En México es exactamente lo que ocurrirá: un tribunal que juzgará a las personas juzgadoras, interfiriendo en su independencia de criterio, por fallar en contra del interés público.

En lo que ha incurrido la reforma y la persistencia gubernamental en desmantelar el Poder Judicial y anular la Constitución en el nombre del pueblo —porque no se trata de un Constituyente— es una violación generalizada a los derechos humanos de las personas juzgadoras, trabajadoras de ese poder y de los más de 132 millones de mexicanos (por Morena votaron casi 36 millones; 96 millones no votaron por esa opción. Es decir, no se puede hablar a nombre del pueblo de México).

Para que nadie se espante, presentamos un acercamiento, más o menos consensuado, de lo que es el autoritarismo: es un sistema de gobierno o una forma de ejercicio del poder caracterizado por la concentración del control en una sola persona o en un grupo reducido, sin una adecuada rendición de cuentas a la sociedad ni a instituciones democráticas y sin división de poderes.

Regresando a Brewer-Carías, participante en el Congreso Iberoamericano organizado por Jurídicas de la UNAM, describe que la sala constitucional, en la que se nombraron magistrados afines al régimen, lo que equivaldría en México a nuestra Corte Constitucional, se convirtió en un instrumento para demoler el Estado de derecho.

El planteamiento del constitucionalista es contundente, lo que pasó en Venezuela fue la desjudicialización del Estado, que es la pretensión de las reformas presentadas en las últimas horas en el Senado.

Hay un principio, estimado lector, fijado por las convenciones internacionales a las que el gobierno de Morena busca renunciar, que establece que ningún derecho puede ser disminuido. Y ahora eso es justo lo que se busca con la limitación al juicio de amparo, ningún pueblo comunitario, ninguna colectividad de defensa de derechos humanos, diversidad sexual, etcétera, puede ya defenderse, porque los legisladores de ese partido, instruidos por el Ejecutivo federal, establecieron que debe ser un juicio por cada persona.

Eduardo Ferrer Mac-Gregor, juez mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción abarca México por haber firmado el Pacto de San José, advirtió que cuando se viola la independencia judicial, como es el caso de la reforma actual, se viola el debido proceso, la libertad de expresión, la protección judicial y de asociación, incluido el derecho a permanecer en el cargo de los juzgadores. En resumen, dijo, se violan sus derechos humanos.

Ciertamente, la Carta Democrática Interamericana, a la que México está obligado, enfatiza que la democracia representativa sólo puede existir en un país si hay separación de poderes y protección de los derechos fundamentales. Por tanto, cualquier demérito o regresividad, como la reforma judicial, atenta contra ésta.