Menos derechos para todos

El nuevo embate del partido oficial desde la Cámara de Diputados en contra del Poder Judicial federal va al corazón de la defensa de los derechos humanos de los mexicanos. En su ruta por disminuir la independencia judicial, va dejando en estado de indefensión a los mexicanos, con graves consecuencias para sus libertades y el Estado de derecho en general.

La medida de los legisladores es no sólo desproporcionada, sino inusitada, pues llevaría al gobierno de México a ser condenado en los organismos supranacionales defensores de los derechos humanos por hacer nugatoria la defensa de cualquier persona.

Si bien los diputados oficialistas recortaron el presupuesto del PJF, causando un problema de operatividad, en una decisión que no puede entenderse más que un nuevo episodio de la intentona de vulnerar a la Suprema Corte y la judicatura, aprobaron una reforma a la Ley de Amparo para que éste pague los servicios postales en las notificaciones por juicios de amparo.

Explicado con sencillez. El oficialismo reduce el presupuesto del PJF afectando su operatividad, el Juicio de Amparo existe para protegernos de los actos autoritarios u omisivos de las autoridades y la notificación es lo más importante para que usted quede protegido, ahora sus diputados, lector, quieren que el Poder Judicial pague los servicios de envío de la notificación.

Tiene usted razón. Esta medida va como lanza al corazón del juicio de garantías que lo protege a usted de la cárcel por razones políticas, por invento de delitos, por la privación de sus bienes o por regulaciones abusivas.

Con mucha razón, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del PJF (JUFED) emprenderá la batalla legal por la vía del mismo juicio de amparo, dada la inconstitucionalidad de las reformas y adiciones a los artículos 28 y 243 de la Ley de Amparo.

Es evidente, expresan las personas juzgadoras federales, la violación a derechos constitucionales y convencionales, porque “se vulneran los principios de independencia y autonomía judicial; se invade la autonomía de gestión presupuestaria de la Judicatura Federal, al imponer un gasto público que no está previsto como tal en el Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio fiscal de 2024; con ello, paralelamente se ejerce presión económica al ámbito de la independencia judicial y sus operadores jurisdiccionales”.

Pero, además, las adiciones al artículo 243 violan los derechos al debido proceso y a la administración de justicia pronta y expedita.

Lo anterior, sin duda, es violatorio de la Constitución, dado que ambos derechos están protegidos en sus artículos 14 y 17, al permitir a Sepomex y Finabien evitar las notificaciones a las partes en los juicios de amparo, lo cual impacta directamente a las partes.

Para la JUFED, “las instituciones no se deben fortalecer con el debilitamiento de otras, menos cuando es en perjuicio de las personas usuarias del servicio de la administración de justicia constitucional”.

Los resultados de la prueba PISA, que se quiere desacreditar desde todas las invenciones posibles, es reflejo de que este gobierno no tuvo ni tiene una estrategia probada que hubiese hecho frente a los efectos de la pandemia.

El que nuestros niños tengan estas carencias refleja que su futuro enfrentará retos personales y familiares, y que impactará en su bienestar.

Es verdad que muchos países descendieron en el ranking por consecuencia de la pandemia, pero hay otros que no. La “nueva escuela mexicana” demostró no ser eficaz. El sexenio se acaba, el daño a la niñez durará generaciones.