Los mexicanos votan por más Constitución

No se trata de una derrota del Ejecutivo federal, sino de la reafirmación de los ciudadanos de que en México debe existir un Estado de derecho que rija los actos de todos. La suspensión de amparo de la desaparición de los fideicomisos que hace inoperante al Poder Judicial federal para atender cientos de miles de juicios, en los que están de por medio los derechos humanos de personas, es el mensaje que los mexicanos envían a un gobierno y a quienes aspiran a presidirlo en 2024.

Los mexicanos ven en los juzgadores federales una instancia de defensa real de sus derechos en el presente y, lo más importante, que los ven esenciales en su futuro. Han optado porque la democracia prevalezca con uno de sus pilares constitucionales, el Poder Judicial.

La narrativa constante de que los órganos constitucionales autónomos no sirven en una democracia e introducir información falsa sobre privilegios funcionó en una parte de la ruta gubernamental, pero, como todo, se agotó, al igual que responsabilizar a otros gobiernos de la imposibilidad de resolver la vida cotidiana de una República.

Un gobierno es poderoso por los recursos económicos, estructurales y simbólicos que maneja. Sostener esta última narrativa es el equivalente a decir: “Nunca me dejaron gobernar”. Que sería el equivalente a “no pude”. Si esto es así, entonces por qué se ofrece continuidad en la oferta política para sustituirlo en 2024. Interesante contradicción.

Más allá de ello, es fácil ver la multiplicidad de conflictos en todos los órdenes de la vida pública, y ahora de la naturaleza, que enfrentan los gobiernos. Que se vuelven más complejos de resolver al final de los mandatos, cuando las lealtades se cuentan con la mano y los grupos de poder internos buscan alianzas con los futuros actores para sobrevivir y en las cámaras del Congreso hay una gran cantidad de suplentes.

Por ello es importante la resolución del titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, quien concedió la suspensión provisional, con efectos generales, y prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y a la Tesorería de la Federación. Por consiguiente, las dependencias del Ejecutivo no pueden disponer del dinero de tales fideicomisos.

Éstos son los efectos de la suspensión “(…para) que la Secretaría Ejecutiva de Administración del CJF, SHCP y Tesofe o aquella que, atendiendo a su respectiva competencia, tenga intervención en la administración, operación y disposición de los recursos de los fideicomisos antes precisados, deben realizar lo siguiente: se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos de la disposición reclamada contenida en el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo del artículo 224 de la Ley Orgánica del PJF.

“Se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos y se garantice su continuación, operación y administración del objeto por el cual fueron creados tales fideicomisos celebrados por el CJF, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos.

“Suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el CJF, así como sus remanentes, productos y aprovechamientos derivados de los mismos, a cualquier autoridad dependiente del Ejecutivo federal o de las propias entidades fiduciarias, salvo de aquellas facultades para la administración y disposición de los recursos de cada uno de ellos para su operación”.

Banobras y Nafin están incluidas en esta prohibición, por lo que tampoco podrán entregar ni transferir recursos. El apoyo ciudadano a trabajadores y juzgadores es, en los hechos, un voto anticipado por el cumplimiento de la Constitución.