Los jueces de la democracia a subasta

El consenso reiterado en los foros organizados por el Congreso sobre la reforma judicial enviada por el Ejecutivo es que equivoca su enfoque y que generaría mayores problemas —irresolubles algunos— para los derechos humanos de los mexicanos y la prosperidad del país, que los que, en el fondo, pretende resolver. Ese consenso es el no a la elección popular de jueces y magistrados y el desmantelamiento de la carrera judicial, que abriría la puerta a que, incluso, el crimen organizado termine apoderándose de la justicia federal.

Otro elemento a destacar es lo contradictorio que resulta su origen y sus dinámicas. Me explico: los juzgadores federales han estado bajo ataque directo de las autoridades a lo largo de seis años, porque corrigieron los actos de éstas por no apegarse a la Constitución. Es decir, no dejaron en la indefensión a las personas que solicitaron su intervención: presos injustamente, detenidos con violaciones al debido proceso, familias a cuyos hijos no se quería vacunar o personas en fase terminal a las que se les negaban medicamentos. Eso, cumpliendo leyes que el propio Congreso de la Unión emitió para cumplimiento de los jueces.

Al participar en los foros, se les exige que no utilicen calificativos; sin embargo, el partido oficial envía una batería de personajes para plantear mentiras y denostarlos. Y, cuando rebasan los minutos de exposición, les cortan el audio, como fue el caso del juez federal Mario Felipe Mata.

La verdad sospechosa viene de la siguiente retórica: “Nosotros tenemos 35 millones de votos, la reforma va… el pueblo lo quiere, escucharemos a las minorías (¿vencidos?), que los jueces le rindan cuenta al pueblo… pero va”. ¿Entonces se adelanta que los foros son sólo para ganar tiempo y aprobarla sin cambiarle una coma?

Si el jefe del Ejecutivo se reúne con sus diputados y les pide no cambiarle una coma, ¿no quiere decir esto que hay una interlocución o está violando su independencia? Si hace eso, por qué no dialogar con el otro poder, con el Judicial.

La narrativa se sustenta en decir que los juzgadores son corruptos y que se exceden en sus facultades para frenar los proyecto emblema del gobierno saliente. Es decir, los foros parten de premisas falsas. Las leyes y las convenciones establecen que cuando una obra afecte pueblos originarios, por ejemplo, el Tren Maya, se debe hacer una consulta a los mismos. Lo que no se hizo.Los pueblos originarios acudieron ante un juez federal que, revisando el marco legal, constató la violación de derechos y se resolvió en su favor.

Y, por ello, se lanza otra mentira. Se hace un llamado desde los foros a contener al Poder Judicial antes de que sea tarde, porque se quiere imponer a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Es decir, los juzgadores, aquellos que abrieron la vacunación, abrieron cuarteles militares para buscar a desaparecidos, ¿son ahora los enemigos del Estado?

¿No es la violencia la que ha colocado a este gobierno saliente como el primer lugar en la historia de México por el número de homicidios, desapariciones y feminicidios cometidos? No era el crimen el enemigo del Estado. ¿Hoy, además de abrazos, se le darán juzgados? Así se tergiversa la verdad. “Tenemos 35 millones de votos”, qué sigue, quién sigue.

Es claro, no es reforma, es desmantelamiento del Poder Judicial y eliminación del derecho de defensa. El ministro Javier Laynez lo dijo en Chiapas: “No puede haber retroceso en el reconocimiento de los derechos humanos”.

Se les llama los jueces de la democracia por mantener el equilibrio de poderes y la constitucionalidad diaria, si son puestos a subasta, vendrán tiempos de oscuridad.

Una mentira más. Si desaparece el CJF desaparece el patrón y la relación laboral. Se pueden fijar salarios a la baja, como ya se anunció.