Los fundamentalistas democráticos

Un recuento objetivo e histórico de hechos deja claro que la premisa del gobernante Morena es “hágase aun en contra de la legalidad y los derechos huma­nos”, lo que, en el fondo, heredará años de conflictos judi­ciales y minará los márgenes de actuación de quien gane las elecciones presidenciales.

En el declive de este sexenio, lo primero que todos los partidos y las Fuerzas Armadas deben planear, desde ya, es cómo recuperar los territorios que se han cedido a los gru­pos armados; será necesaria una alianza de reconstrucción de la legalidad y una comisión de la verdad que abarque la corrupción institucional, la posible complicidad con el cri­men y que, por primera vez, involucre a las Fuerzas Arma­das, algo que los altos mandos han advertido internamente con fuerza y que, de acuerdo con reportes a este espacio, han reclamado al actual titular por haberse involucrado en actividades de administración.

Cuando desde la cabeza se alienta la violación de la Constitución y las leyes, las partes de la pirámide lo nor­malizan y de ahí llegamos a los homicidios, masacres, fe­minicidios y una serie de comportamientos antijurídicos que dejarán huella en la vida nacional.

Penosamente, los mexicanos normalizamos la violen­cia y estamos, en nuestra complicidad, dispuestos a pa­gar la cuota de dolor e, incluso, de vida, pensando que nos merecemos lo que tenemos. El haber votado por una opción política no implica que no se pida corregir el rumbo.

En la entrega pasada celebré la autorregulación ética de los juzgadores del Poder Judicial Federal por una razón vital para nuestra democracia. Serán ellos los que conduzcan el reencauzamiento de la vida constitucional del país.

Evidentemente, no motu proprio, sino porque los acto­res sociales, económicos y políticos recurrirán a ellos para subsanar las violaciones a sus derechos humanos (DDHH).

Cuando digo DDHH, lector y lectora, se debe a que los derechos humanos abarcan el derecho a una vida digna, a un medio ambiente sano, a la vivienda, a la salud, a la seguridad pública, a que se nos diga la verdad y un largo etcétera.

Y son nuestros juzgadores federales los custodios de esos derechos a los que debemos cuidar en su integridad, pese a que, como le he señalado, desde Palacio Nacional se les busca minar intensamente.

El investigador David Prendergast, de la Escuela de De­recho de la Universidad Trinity, de Dublín, subraya que el populismo promueve el discurso de que la voluntad del “pueblo puro” no puede tener restricciones. Ello se actua­liza con la reciente expresión “no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”.

Pero, para Prendergast, en democracia no existe tal cosa como la voluntad popular sin restricciones. La ley puede hacer tediosa la democracia, pero ésta sólo puede mate­rializarse a través de la ley.

Él argumenta, con pulcritud, que una ley puede ser an­tidemocrática porque es una decisión política pasada que gobierna un presente distinto, afectando la voluntad po­pular contemporánea. Justo ése es el pantano en el que se encuentra el lopezobradorismo y cuando los juzgadores aplican la norma, entonces los denosta.

Seis años no le fueron suficientes para cambiar el entra­mado jurídico, entonces embiste a quienes la Constitución declaró sus únicos intérpretes. Los juzgadores son los juz­gadores de la democracia, sin duda.

El Presidente confunde. Pide no cumplir la ley, pero acu­sa a algunos de violarla. Llega al poder porque todos respe­taron la ley, y ahora se queja de la ley.

Los populistas, concluye Prendergast, creen tener el mandato de reinventar los procesos democráticos. “Son aspirantes a fundamentalistas democráticos, pero su es­fuerzo es antidemocrático porque no reconocen que la democracia es un proceso continuo de impugnación y competencia”.