Licencia para defraudar la ley

Existen dos tendencias que definirán el futuro de México: los liberales y los “iliberales” o, visto desde otro ángulo, los que defienden la constitucionalidad de la vida pública y los que buscan defraudar la ley, en el nombre de un pueblo que sólo existe en la entelequia.

Lo más subrayable es que el paradójico conflicto por la defensa de la legalidad nacional ha afectado a Estados Unidos y a Canadá, convirtiendo el problema en uno comercial internacional.

La recurrencia presidencial por victimizarse puede funcionar domésticamente, pero no frente a sus socios comerciales, entre ellos el país más poderoso, que ya lo obligó a detener a un capo de la droga, pese a su política de tolerancia frente al narco, que ha convertido a México en una fosa común, hecho reconocido por funcionarios de su propia administración.

El sacrificio de miles de personas y ahora de pasantes de medicina que se envía a zonas controladas por el crimen, con conocimiento de las autoridades, es una acción criminal por omisión que debe ser sancionada penal e internacionalmente.

Si el lopezobradorismo practica una política de brazos abiertos frente al crimen, las universidades deben detener las pasantías. Los padres deben cuidar a sus hijas e hijos hasta que el gobierno recupere los territorios. Debe hacerse cargo de las consecuencias.

Los mexicanos no pueden seguir poniendo los muertos de este régimen y, ante el desamparo, las iglesias hacen lo propio para defender el valor de la vida.

Si quiere mantener la laxitud frente a los ofensores, entonces que mande a los médicos militares, no a los jóvenes indefensos. Respeto a los médicos de las Fuerzas Armadas, pero deben entender que estamos frente a agresiones armadas contra la población civil.

En los primeros seis meses del año hubo 250 masacres, 144 fosas clandestinas detectadas, 183 asesinatos de niños y 410 mujeres asesinadas con crueldad extrema, según Causa en Común. ¿Bastará o quiere más?

En medio de liberales e “iliberales”, necesitamos, como nunca, de los juzgadores federales de la democracia. Su única guía es la defensa de la Constitución y, por ello, son objeto de una alevosa campaña presidencial.

Quien reclama que los actos de gobierno se apeguen a la Constitución es denostado y enviado al “infierno” lopezobradorista, la Gehena eterna.

Los juzgadores federales son entonces, para el “chicocherismo” filosófico, los instrumentalizadores de las conspiraciones derechistas.

Pero al gobierno los demonios se le están saliendo del infierno, porque a las mofas enderezadas a Joe Biden le recayó el anuncio de probables juicios internacionales por violar el T-MEC, y la DEA le obligó a detener a un capo.

Además, Morena no deja duda de que pasará por la Constitución y las instituciones electorales —¿cometer fraude?— para retener el poder.

La esencia del lopezobradorismo es “iliberal”, más allá de sus raíces priistas. Privilegia la intervención del Estado sobre las libertades económicas, políticas, sociales e incluso culturales.

Por ello, la sociedad civil y diversos sectores han decidido enfrentar los actos antijurídicos del gobierno, acertadamente, por la vía institucional, pese a la desproporcionalidad de fuerzas.

Tan claro es, que el lopezobradorismo ha institucionalizado la violación sistemática de la ley, que una gobernadora de su partido hace públicas grabaciones ilegales para atacar a un dirigente opositor.

Hay licencia, pues, siempre que se anteponga la defensa de un pueblo. Y así vemos cómo se tuerce la ley en favor de un tren turístico.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, bajo agresión continua, ha vencido por sus méritos los excesos de la UIF. El 9 de marzo fue ratificado por su probidad. El PJF, hoy más que nunca, debe ser defendido porque todos podemos perder.