La red que preocupa a Estados Unidos

Pocas veces en la historia reciente un gobierno extranjero ha emitido dos señalamientos tan graves y directos hacia México como lo ha hecho Estados Unidos en los últimos días. Primero, al incluirlo en su lista de “países adversarios extranjeros” —una categoría que sugiere riesgo para su seguridad nacional— y, después, al identificar a un importante personaje cercano a López Obrador como facilitador de actividades criminales. Estas decisiones no sólo configuran un nuevo capítulo en la relación bilateral, sino que evidencian una percepción internacional consolidada: el Estado mexicano ha dejado de ser un socio confiable y estaría transitando, según sus diagnósticos, hacia una estructura colapsada, tolerante o incluso promotora del crimen organizado desde el poder.

La información circula a tal nivel que analistas como Shannon O’Neil y Michael Shifter coinciden en que estas acciones reflejan un diagnóstico compartido en el Congreso y en las agencias de seguridad de ese país: el poder político mexicano ha sido infiltrado por estructuras criminales con capacidad de decisión y protección institucional.

La decisión de Estados Unidos se basa en disposiciones de la Ley de Inmigración (INA 212), que permite sanciones contra actores vinculados a actividades que comprometen la seguridad nacional, y responde a exigencias de supervisión bipartidista desde el Congreso, que ha insistido en una política más firme frente a los flujos ilícitos de dinero, armas y personas desde y hacia México.

La inclusión de México en la lista de adversarios extranjeros también deriva de reportes oficiales que identifican una colaboración deficiente con agencias estadunidenses y una creciente percepción de infiltración criminal en estructuras del poder político mexicano.

Esta percepción se ha profundizado tras la elección judicial, en la que se documentaron irregularidades sistemáticas, manipulación del voto mediante “acordeones” y la validación de los resultados por un INE capturado. La conclusión es clara: el Estado mexicano ha sido capturado y Estados Unidos va a poner límites.

La documentada operación de “acordeones” confirma la verdad ineludible de que el INE no es ni autónomo ni confiable. Su conducción demuestra incapacidad absoluta para garantizar procesos electorales justos y, sí, una voluntad de servir a quien le debe lealtad, empezando por quien lo preside.

Suponer que tiene capacidad para organizar elecciones libres es una ingenuidad que sólo puede provenir de una sociedad claudicante, dispuesta a reeditar los peores años del fraude electoral.

México atraviesa un deterioro institucional que supera incluso los peores años del priismo, del cual emana Morena. No porque antes no existieran prácticas antidemocráticas, sino porque en aquel entonces emergía una ciudadanía decidida a confrontarlas.

Hoy, por el contrario, enfrentamos una regresión en la que la participación ciudadana se ve desmovilizada y los abusos del poder se han vuelto sistémicos, sin contrapesos efectivos, reeditando con otros rostros los vicios de la “dictablanda” del PRI.

Las reformas que transitan en el Congreso mexicano envían señales preocupantes por ser regresivas, tanto para los derechos humanos de las personas como para las instituciones de control democrático.

En un reporte específico, los analistas del Congreso de EU expresan su distancia de las fuerzas de seguridad en razón de que han documentado canales de comunicación con ciertos grupos y filtración de información sesgada a las agencias con las que se colabora para enfrentar la violencia.

La decisión de la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de acusar a una casa de bolsa cercana al lopezobradorismo de presuntamente lavar dinero de grupos criminales deja en claro que la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana no es confiable. Por ello se acabó con la transparencia.