La piñata solitaria

“Cooperación sin subordinación”; “respeto a la soberanía porque no somos piñatas”. Detrás de los eslóganes, la realidad: un Estado que luce débil, atrapado en su propio ciclo de corrupción y en retroceso democrático; aislado de apoyos externos y renuente a corregir. Mientras Estados Unidos activa todos sus instrumentos para proteger su territorio y a sus ciudadanos, el gobierno mexicano privilegia blindar a una nueva élite política a la que debe el poder. La distancia no es retórica: es de capacidades, credibilidad y costos que ya pagan los ciudadanos.

La primera evidencia es la decisión de Washington de emplear fuerza letal contra lanchas presuntamente dedicadas al tráfico de drogas en el Pacífico oriental. La administración estadunidense ha presentado estos golpes como un ejercicio de su jurisdicción para proteger a su población frente a “narcoterroristas”. 

Más allá del debate jurídico, el punto político es llano: Estados Unidos actúa porque puede —porque sus capacidades militares, su doctrina de seguridad y su umbral de tolerancia al riesgo se lo permiten— y porque percibe que el costo diplomático es acotado. México, en cambio, se limita a reclamar retóricamente sin articular una respuesta estatal que combine defensa de principios con diplomacia de precisión y cooperación eficaz contra el crimen transnacional.

El segundo dato es aún más pedestre y, por eso, más contundente para la vida cotidiana: el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocó la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas y congeló operaciones combinadas de pasajeros y carga desde el AIFA. Alega incumplimientos del acuerdo bilateral aéreo y prácticas anticompetitivas derivadas de decisiones unilaterales del lado mexicano (reordenamientos forzados entre el AICM y el AIFA, gestión opaca de slots y cambios regulatorios improvisados). El impacto es inmediato: una señal inequívoca a los inversionistas sobre el deterioro de la certidumbre regulatoria.

La contradicción de la narrativa oficial mexicana quedó expuesta en horas. Tras presumir un “buen diálogo” con el presidente estadunidense el fin de semana, el martes vino el golpe regulatorio. Si hay diálogo sustantivo, ¿por qué no se anticipó y atenuó la medida? Si hubo advertencias formales desde hace meses, ¿por qué no se corrigió el trazo de política pública que hoy se califica de “unilateral” cuando proviene de la contraparte? La respuesta menos costosa para el gobierno es refugiarse en el agravio soberanista. 

Lo que asoma es un patrón: un presidencialismo clientelar y centralista que confunde voluntad política con capacidad de Estado. Al despreciar a interlocutores naturales —la comunidad empresarial, los gobiernos locales y los contrapesos—, el gobierno reduce su propio margen de maniobra. La política aeronáutica se volvió un tablero de lealtades y gestos simbólicos (poblar el AIFA “a como dé lugar”), no un diseño técnico orientado a eficiencia, seguridad y competencia. 

En seguridad, la misma lógica produce efectos perversos. México repite mantras de “cooperación respetuosa”, pero no invierte suficiente capital político para construir coaliciones regionales, estandarizar reglas de uso de la fuerza en el mar ni blindar investigaciones binacionales que desmonten cadenas financieras del narcotráfico. Sin una estrategia creíble, la dureza estadunidense luce como la única política en acción.

Y cuando la única política visible es la del otro, la soberanía se vuelve un eslogan.

El resultado es claro: más fricciones, menos confianza y una economía afectada por la improvisación. 

En seguridad, impone elevar la cooperación y la inteligencia a estándares verificables, con control democrático y rendición de cuentas. Sin ese giro, México seguirá administrando percepciones mientras los hechos —misiles en el mar y rutas en tierra— dictan la realidad.