La gentrificación es real, la violencia fue a pedido

Desde hace años observamos un fenómeno que, bajo la apariencia de modernización urbana, esconde una forma de violencia estructural: la gentrificación. No se trata sólo de renovar barrios, sino de desplazar comunidades enteras, empujadas por la especulación inmobiliaria y la falta de regulación.

Lo más inquietante no es sólo el encarecimiento de la vida o la pérdida del tejido social, sino la violencia que surge en estos espacios y la permisividad de las autoridades. En la Ciudad de México, recientes hechos en la alcaldía Cuauhtémoc revelan la tolerancia hacia grupos que provocan disturbios, mientras que protestas legítimas han sido históricamente reprimidas.

Las agresiones contra ciudadanos estadunidenses y las consignas políticas vinculadas a intereses partidistas deben investigarse con claridad. No puede permitirse la violencia disfrazada de activismo. 

Los capitalinos estamos acostumbrados a ver este tipo de violencia urbana que se usa para “reventar” marchas legítimas, como las protestas contra la violencia de género o las desapariciones, incluso organizadas en contra de las políticas gubernamentales. 

Esta doble moral institucional –que criminaliza unas protestas y permite otras– socava la democracia y alimenta el descontento. La gentrificación no es un proceso espontáneo; surge de factores como la falta de vivienda accesible, el avance de capitales inmobiliarios y la transformación del turismo.

Las plataformas de hospedaje no son el problema en sí. El verdadero error ha sido la incapacidad de los gobiernos para garantizar políticas de vivienda digna y accesible.

Las nuevas generaciones, especialmente la generación Z, enfrentan una crisis habitacional sin precedentes. A pesar de tener mayor formación académica, sus ingresos no alcanzan para una vivienda propia. La precariedad laboral y la falta de estabilidad los condenan al arrendamiento indefinido o a vivir con sus padres, mientras el mercado sigue elevando precios de forma desproporcionada.

Esta desigualdad se agrava: mientras los padres compraban casa antes de los 35 años, hoy es un privilegio reservado a quienes heredan patrimonio. La vivienda, más que un derecho, se ha convertido en una lotería social.

Además, las autoridades regulan mal y tarde. En vez de diseñar normativas modernas para plataformas de reparto o transporte, aplican medidas que expulsan a trabajadores independientes, precarizan el empleo y fortalecen estructuras sindicales desfasadas. Así como despliegan campañas de desprestigio contra repartidores que no quieren ese esquema. 

Algunas ciudades han intentado frenar la gentrificación con leyes de renta o vivienda social, pero sin voluntad política ni fiscalización efectiva, estas medidas se quedan en el papel.

Un ejemplo alarmante es la propuesta del Infonavit para legalizar la ocupación irregular de propiedades. Esta idea, lejos de resolver el problema, premia la ilegalidad, viola el derecho a la propiedad privada y fomenta nuevos conflictos sociales. Organizaciones y especialistas advierten que esta medida crea incentivos perversos y debilita el Estado de derecho.

Necesitamos un modelo urbano con justicia social en el centro. No podemos seguir vendiendo una imagen de ciudad moderna a costa de quienes le dan vida.

Y sobre todo, debemos dejar de normalizar la violencia. Porque si se permite y justifica en ciertos casos, se manda el mensaje de que hay ciudadanos con derechos plenos y otros que ni siquiera pueden protestar. Esa selectividad es profundamente peligrosa.

Es imperativo que las autoridades se deslinden de los llamados a sus bases a protestar contra las políticas de Estados Unidos contra los grupos criminales, porque las agresiones a extranjeros e intereses de ese país, se parecen más a una protección de políticos ligados a intereses criminales, como lo han demostrado las acciones contra el tráfico de combustibles, que involucra al círculo cercano de la pasada administración.