La erosión democrática que achica a México

En los últimos siete años, México ha experimentado una erosión democrática que preocupa a observadores internacionales, gobiernos y el sector privado. Está en juego la normalidad democrática y su impacto directo en la economía y, particularmente, en el clima de negocios.

Lo anterior en respuesta al llamado gubernamental al sector empresarial a ser más activo en sus inversiones. En contextos donde hay regresión democrática, el flujo de inversión empresarial tiende a disminuir.

Según el informe Freedom in the World 2024, de Freedom House, los países que han retrocedido en libertades políticas y civiles muestran un menor dinamismo económico y reciben menos inversión extranjera directa. Un análisis del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) revela que, entre 2015 y 2023, las economías que experimentaron erosión democrática registraron un descenso promedio de 15% en la atracción de nuevas inversiones. Estos datos refuerzan la correlación entre gobernanza democrática sólida y crecimiento económico sostenido.

Nadie puede negar que México vive desde 2018 dicha erosión: pérdida de organismos autónomos, cooptación del Poder Judicial y está en vías de perder la garantía de elecciones libres. Esto tiene efectos concretos en la previsibilidad jurídica, la inversión y la competitividad. Lo dirán en público, pero ningún capital se arriesgará en un régimen de corrupción tolerada y cero certeza jurídica.

El marco de reglas claras, confiables y estables que permiten a las empresas tomar decisiones informadas a largo plazo ha desaparecido.

Se cree que México es una isla donde se puede sacrificar la democracia en el altar y establecer un régimen de connivencia con el crimen sin que el mundo lo perciba.

Según un informe del Atlantic Council (2025), México ha registrado un debilitamiento progresivo de sus instituciones clave desde 2018, generando un entorno de incertidumbre que impacta en decisiones de inversión nacional y extranjera. La concentración de poder y la deslegitimación pública de contrapesos institucionales minan la confianza empresarial.

El CSIS (Center for Strategic and International Studies) advierte sobre un aumento del executive aggrandizement durante la presidencia de AMLO y su continuación: cambios institucionales y reformas que debilitan los frenos y contrapesos del Poder Ejecutivo.

Human Rights Watch, Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la American Bar Association y el Inter American Dialogue han expresado su preocupación por la reforma judicial de 2024, implementada con prácticas fraudulentas.

Este contexto de erosión se complementa con la fragilidad institucional y la reducción del espacio para la oposición y el aumento de la impunidad.

El escenario genera un ambiente poco propicio para emprendimientos, innovación y colaboración público-privada. Las empresas requieren reglas claras, estabilidad y canales de diálogo previsibles, elementos que se erosionan en contextos de polarización política institucional.

La salud democrática no es sólo una cuestión política; es un componente esencial del desarrollo económico y la confianza empresarial. Cuando México se apresta a desaparecer el sistema de elecciones libres, se enfatiza la narrativa de economía exitosa, cuando todo indica que se achica a grandes pasos.

El mantra de “ha sido la derecha la culpable” no empodera más; y ahora ha surgido uno más poderoso: “sí... pero México está gobernado por los cárteles”, y éste es aquí y ahora.

No se envía una señal contundente de combatir la corrupción, sino que se tolera y encubre. La rebelión en Morena no es por abrir espacios democráticos al interior, sino el reclamo por el pago de los servicios prestados para mantenerse en el poder, sin importar que sus alianzas sean inconfesables.

De acuerdo con fuentes del Congreso de Estados Unidos, en muy poco tiempo seremos testigos de la primera acción quirúrgica contra la narcopolítica.