Juventud bajo asedio

La copiosa marcha de estudiantes en Guanajuato por el asesinato agravado del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel, cometido por un militar de la Guardia Nacional, puede ser el inicio de protestas generalizadas en el país por los abusos y omisiones de ese cuerpo militar contra jóvenes y mujeres, y poner contra la pared al lopezobradorismo, que insiste en invisibilizar la crisis de derechos humanos.

La brecha entre los jóvenes, las mujeres, adolescentes y niñas con el gobierno de Morena se hace cada vez más profunda, debido a la criminalización de unos y la negación del feminismo como una lucha legítima.

Se trata, como lo he documentado en otra entrega, de una violación sistemática de sus derechos humanos, por acción del crimen y omisión del gobierno de Morena, que, a través del titular del Ejecutivo federal, las invisibiliza y crea un ambiente permisivo frente a la delincuencia nacional y transnacional.

Esta lamentable muerte demuestra que la Guardia Nacional (GN) fue una decisión equivocada. No sólo porque el país empezó de cero cuando, bien o mal, ya se tenía una Policía Federal, sino porque habilitó a militares para desempeñar funciones de seguridad pública, para las que no están capacitados.

Como primeros respondientes, falsean las detenciones y, por tanto, malogran los casos en tribunales; hacen uso excesivo de la fuerza, que se documenta con el número de homicidios de civiles, como este joven y cientos más; están involucrados con presuntos casos de tortura y desapariciones forzadas.

La ineficiencia se traduce en violaciones al debido proceso y presunción de inocencia y, por lo tanto, la liberación de los probables responsables, provocando que el gobierno responsabilice a los juzgadores federales, cuya tarea constitucional, le guste o no, es defender los derechos humanos de todos.

Si las víctimas y los ciudadanos —como se vio en la vacunación— tienen un aliado, es en las y los juzgadores federales, que han estado a la altura de la exigencia de los mexicanos, pese a las presiones y linchamientos externos.

Una independencia que ellos mismos han sabido defender a través de su inédita organización llamada Jufed.

Con los reiterados casos de agresiones del personal militar, se hace costoso que el Presidente formalice el paso de la GN a la milicia, con su propuesta de ley que se procesará en el Senado. La ONU, Amnistía Internacional y Estados Unidos se han expresado en contra.

En un foro reciente en la Cámara alta, la directora de México Evalúa, Edna Jaime, llamó la atención sobre las grandes fallas que ese cuerpo militar presenta, como es el hecho de que, por su estructura, no ha logrado integrarse a las comunidades.

La razón es que, al estar rotándolos constantemente, llega a zonas que desconoce totalmente, en su dinámica social, en las características de la criminalidad y, en lugar de incentivar la formación de policías locales, pervierte el sistema, generando que los estados no inviertan en la capacitación de sus policías y demanden la presencia militar.

Edna Jaime advierte que esta disfuncionalidad y su origen militar toca las fibras de la democracia y el orden constitucional, porque afecta las libertades y los derechos, como se constata con los homicidios contra civiles.

Alejandro Hope, experto en la materia, coincide con Jaime en que no existen criterios claros en el desplazamiento de la GN, porque se envían menos elementos a las zonas donde el crimen organizado tiene una fuerte presencia, y viceversa.

El 80% del personal de la GN no está adscrito a ésta, sino al Ejército, y quien recluta es este último, de acuerdo con Hope, lo que implica una simulación legal.

Reportes periodísticos señalan la existencia de 106 quejas por abusos de la GN en 2022 en la CNDH.

La participación ciudadana es vital.