Justicia distributiva… sólo en el papel

La desigualdad en México es una condición estructural que atraviesa ingresos, salud, educación, justicia, vivienda y poder político. No sólo divide a ricos y pobres, sino también a regiones, géneros y grupos étnicos. Hablar de justicia distributiva es reconocer una deuda histórica del Estado con sectores excluidos del desarrollo.

Este gobierno asumió el poder con la promesa de “primero los pobres”, retomando el discurso de su antecesor. La verdadera cuestión es si sus acciones apuntan a una transformación profunda o a un asistencialismo renovado.

La justicia distributiva implica repartir recursos y oportunidades de forma equitativa. No basta con reducir la pobreza: se trata de garantizar condiciones para que todos puedan ejercer su libertad y decidir sobre su vida. En México, donde el origen social sigue determinando el destino, redistribuir significa cambiar estructuras.

El gobierno ha destacado la reducción del coeficiente de Gini, pero la desigualdad va más allá del ingreso. El acceso a servicios de calidad, movilidad social y dignidad es también un indicador esencial. México sigue siendo uno de los países más desiguales de la OCDE, con avances aún superficiales.

Entre las medidas adoptadas están los programas sociales, el fortalecimiento del sistema de cuidados, la Secretaría de las Mujeres y una transición energética cuestionada. También se ha propuesto vivienda social y una reforma educativa para zonas rezagadas. Aunque estas iniciativas apuntan a una agenda distributiva, su implementación real es incierta.

La desigualdad en México es de origen, no sólo de resultados. Factores como el lugar de nacimiento, género o lengua materna aún definen el futuro. Las transferencias económicas no cambian la estructura. Hace falta inversión en infraestructura social, una reforma fiscal progresiva y un modelo económico más justo.

Existe el riesgo de que el discurso oficial se limite a mejorar indicadores sin tocar privilegios estructurales. Subir el salario mínimo o repartir apoyos no alcanza si el sistema fiscal sigue siendo regresivo y el acceso a servicios depende del nivel socioeconómico.

Es clave saber quiénes se benefician realmente. La justicia distributiva no es popularidad ni cobertura general, sino atención a los más rezagados. Muchas desigualdades están en el sur-sureste y comunidades indígenas. ¿Llegan los programas ahí con igual fuerza que a los centros urbanos?

El Estado debe actuar como regulador y garante de derechos. Aunque este gobierno impulsa un rol más activo, enfrenta resistencias y escasa capacidad fiscal. Sin una reforma tributaria progresiva, no hay base para un modelo de bienestar sostenible.

La perspectiva interseccional es esencial: género, etnia, edad o discapacidad agravan las desigualdades. El sistema nacional de cuidados podría transformar la vida de millones de mujeres, pero sus avances siguen siendo más simbólicos que reales.

La narrativa del “beneficio colectivo” suele asumir impactos iguales para todos, cuando lo justo es priorizar a los más vulnerables. Una política eficaz debe diferenciar y focalizar. De lo contrario, se diluyen los esfuerzos más urgentes.

No basta con voluntad política. Se requieren instituciones sólidas, participación social y una cultura que vea la redistribución como un derecho. Este gobierno tiene la oportunidad de transformar el contrato social, pero también enfrenta contradicciones, como los intentos de debilitar al Poder Judicial o al sistema electoral.

La ciudadanía debe ejercer vigilancia, exigir rendición de cuentas y participar activamente. La igualdad no es una concesión del poder, sino un derecho conquistado desde abajo.

Los festejos y viajes de legisladores de Morena en medio de las tragedias humanas en el golfo de México muestran la desconexión de la nueva élite política y la realidad. Todo indica que nadie en el Legislativo parece tomar en serio el liderazgo presidencial ni el actuar con ética frente a la desigualdad y el desastre.