Histórica autorregulación de juzgadores

En un hecho sin precedente en el Poder Judicial Fede­ral, los juzgadores decidieron autorregularse a través de su propio Código de Ética, para fortalecer no sólo su independencia frente a presiones externas e internas, y hacerlas públicas, sino reiterar su compromiso con la de­fensa de los derechos humanos de los mexicanos.

Esta decisión es de suma importancia porque, en la mayo­ría de las judicaturas del mundo, el diseño de estos códigos proviene de la autoridad —consejos de la judicatura, magis­traturas, tribunales o cortes supremas, etcétera— y, en el caso mexicano, se había roto la continuidad desde la presidencia del ministro Mariano Azuela, quien le dio un gran impulso.

Además, nunca en la historia moderna de México un titular del Poder Ejecutivo federal, como el actual (Morena), había in­tentado desmantelar el Poder del equilibrio, que es el Judicial federal, vulnerar su autonomía, intentar influir en sus decisio­nes y atacar la integridad de las y los juzgadores, poniéndola en riesgo, al igual que la democracia de nuestro país.

Han surgido argumentos diversos respecto de si la re­forma judicial de Ernesto Zedillo (PRI), en 1994, constituyó un golpe de Estado blando, pero en realidad modernizó al PJF y creó la importante figura del Consejo de la Judicatura, descargando a los ministros de la facultad de administrarlo y tomar decisiones en la rotación de jueces y magistrados.

Pues bien, en días recientes, Jufed, asociación del PJF que agrupa al mayor número de juzgadores —alrededor de 1,200—, hizo público su códi­go de ética y enlisto algunos de los principios que conside­ro significativos.

En el capítulo de indepen­dencia expresa que se asume el juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél. Por lo que su razón de ser es garantizar a los ciudadanos el derecho a ser juzgados con parámetros jurídicos, para evitar la arbitrariedad y sal­vaguardar los derechos humanos.

Por tanto, rechazarán cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, incluso las que pu­dieran provenir de servidoras y servidores del Poder Judicial de la Federación.

Resaltan los artículos 2.2 y 2.3, que expresan, textual­mente: “Preservar el recto ejercicio de su función; tienen el derecho y el deber de denunciar cualquier intento de perturbación de su independencia”.

Y “evitar involucrarse en actividades o situaciones que puedan, directa o indirectamente, afectar su independencia”.

Los ciudadanos deben saber que los casos de corrup­ción, de acuerdo con la más reciente encuesta a usuarios de la justicia —no de percepción—, no son generalizados.

Intento explicar de manera sencilla que todas las deci­siones de los jueces y magistrados federales son revisadas por instancias internas superiores, inclusive la Corte Supre­ma. Esto en lo que respecta al acto jurisdiccional.

El Consejo de la Judicatura no puede revisar las decisiones jurisdiccionales, pero tiene esquemas anticorrupción, como son las inspecciones regulares y extraordinarias. En el caso de éstas, la Visitaduría anuncia la visita en los estrados y en el mismo órgano jurisdiccional, pidiendo a los litigantes y ciudadanos que conozcan de algún caso de corrupción que lo denuncien directamente al magistrado encargado, quien está físicamente presente para escuchar y recabar pruebas.

Otro apartado que no tiene desperdicio es en el que los juzgadores asumen, en el ejercicio de sus funciones, una férrea voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y del medio ambiente.

Felicidades a los directivos de Jufed, magistrados Froylán Muñoz, presidente actual, y Ariel Rojas, expresidente, por esta iniciativa de la que seguiremos hablando.