México despertó con una noticia que aparenta clausurar una época, pero en realidad inaugura una etapa de mayor incertidumbre: la muerte de Nemesio Oseguera no cierra un ciclo, lo reconfigura. En un país donde los golpes de alto impacto rara vez se traducen en paz duradera, el dato central no es únicamente el objetivo abatido, sino la interrogante que queda flotando en la conversación pública: quién tomó la decisión, quién aportó la inteligencia operativa y quién ejecutó el operativo.
Una parte amplia de la población no cree que el Estado mexicano haya actuado solo. No se trata de empatía por el personaje ni de teoría conspirativa gratuita: es una desconfianza sembrada por años. Durante el sexenio de López Obrador, la idea de “abrazos, no balazos” convivió con escenas donde detener a grandes jefes parecía más costoso que tolerarlos, incluso entregarles a la sociedad civil para ser victimizada.
A eso se suma la presión creciente de Estados Unidos por el trasiego de fentanilo, la narrativa de que los cárteles mandan en regiones enteras y de que gobiernan al país a través de la connivencia con todos los niveles de gobierno.
El mensaje, voluntario o no, es devastador: si Washington presume el mérito, la ciudadanía concluye que México sólo ejecutó instrucciones. La narrativa de responsabilizar al gobierno de Calderón se agotó, ya no cambia percepciones ni da votos.
Ese caldo de cultivo se incrementa con los reportes sobre la entrega de información de agencias estadunidenses y la creación de una nueva fuerza de tarea militar en ese país enfocada en inteligencia contra cárteles, y la revocación de visas a decenas de políticos mexicanos, presentada como parte de una ofensiva contra aliados del crimen. Aunque cancelar visas no equivale a probar delitos, en la percepción pública funciona como señal de que “algo saben allá”. Y cuando la política doméstica lleva años normalizando sospechas, el símbolo pesa más que el expediente.
Por eso, la discusión central no es si el operativo lo encabezó el Ejército, sino que lo hizo el Estado sólo por la presión de Estados Unidos. De otra manera, las cosas seguirían igual, porque esta administración no quería tener a los cárteles como enemigos, pero ya está en ese lugar.
A estas alturas, persiste la duda de si el Estado puede recuperar credibilidad sin depender de la tutela ajena. La soberanía no se defiende con discursos encendidos: es capacidad propia de investigación, captura, procesamiento judicial y sanción. Si el golpe termina con una declaración y no en una cadena de responsabilidades financieras, judiciales y políticas, la gente volverá al mismo punto: no fue México, fue Estados Unidos.
El segundo desafío puede implicar la pérdida del control de Morena desde la Presidencia, sin descartar el reclamo de lealtades. Se trata de las presiones de Trump para que México entregue a funcionarios de alto nivel vinculados, presuntamente, con redes delictivas.
Esto tiene dos efectos simultáneos: acelera decisiones que deberían pasar por el debido proceso (exculpar y encubrir) y, al mismo tiempo, revela el talón de Aquiles del sistema: la mezcla de política y crimen.
Mientras arriba se debate la soberanía, el pueblo paga la factura. El anuncio del presidente de la AMOTAC, Rafael Ortiz, sobre un posible paro nacional de transportistas por extorsiones, de las cuales señala a elementos de la Guardia Nacional, es un recordatorio de que la inseguridad es peaje, +++mordida+++ y miedo en carretera. Si quienes deberían proteger terminan cobrando, la autoridad pierde el derecho a pedir confianza.
Y el horizonte inmediato se llama 2027. Con elecciones en puerta, el riesgo no es sólo la violencia visible; es la captura silenciosa, campañas financiadas por grupos criminales, candidaturas amarradas por favores. La reforma electoral es la puerta que se les abre.
Si el país no convierte este momento en una limpieza real, no importará quién cayó, sino quién quedó mandando.