Elecciones de 2027 podrían quebrar el país

En días recientes, se ha publicado una serie de datos sobre el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024 difundido por el INE, en el cual se demuestra que los programas asistenciales enfocados en jóvenes y adultos mayores están vinculados a la movilización del voto en favor del partido oficial y, en el caso de la defraudación, por la vía de los acordeones de la elección judicial.

Los datos del INE detectaron un notable incremento en la participación ciudadana entre las personas mayores de 60 años, quienes registraron una asistencia a las urnas considerablemente más alta que en procesos anteriores, de acuerdo con el material disponible en su sitio. Este grupo etario destacó por su robusta movilización electoral.

La incógnita se puede plantear en los siguientes términos: ¿estamos ante un verdadero ejercicio cívico maduro o detrás del voto está un estímulo asistencial?

Desde la llegada del oficialismo, el gobierno federal ha promovido programas sociales enfocados en adultos mayores que, si bien han tenido efectos positivos inmediatos, también presentan desafíos importantes.

Diversos académicos y organismos especializados han advertido que, sin mecanismos robustos de evaluación y ajuste, estos programas corren el riesgo de convertirse en instrumentos clientelares más que en herramientas de justicia social.

Desde una perspectiva electoral, varios estudios apuntan a que un padrón de beneficiarios amplio y mal regulado puede dar lugar a un uso electoral de los apoyos, debilitando la equidad de la contienda democrática. La falta de transparencia y supervisión en su implementación agrava esta problemática.

Este contexto muestra cómo el acto de votar y el asistencialismo estatal pueden entrelazarse generando dudas sobre la verdadera motivación del electorado beneficiario. Es legítimo preguntarse si quienes reciben apoyos votan por convicción democrática o como respuesta a una lógica de lealtad construida desde el poder. Esta convergencia pone en entredicho la autenticidad del sufragio.

La historia reciente de México muestra que la instrumentalización de programas sociales con fines políticos no es una práctica nueva. Durante el sexenio de Salinas de Gortari, el programa Solidaridad se promovió como una política de combate a la pobreza, pero diversas investigaciones académicas documentaron su uso para construir lealtades políticas.

A través de comités comunitarios y entrega directa de apoyos, el PRI consolidó una red de beneficiarios cautivos que, en muchas regiones, garantizaban respaldo electoral. De forma semejante, la CEPAL ha advertido en varios informes que los programas de transferencias condicionadas pueden reforzar la dependencia clientelar si no van acompañados de mecanismos institucionales transparentes, rendición de cuentas y estrategias de inclusión social efectivas.

Organismos internacionales han subrayado la importancia de diseñar políticas públicas para adultos mayores con un enfoque de envejecimiento activo, autonomía y dignidad. Un informe reciente del BID (2023) sobre América Latina y el Caribe destaca la urgencia de ir más allá de las transferencias económicas, promoviendo estrategias integrales que fortalezcan el acceso a la salud, mejoren el entorno urbano y fomenten la participación comunitaria.

El aumento del voto entre adultos mayores durante el PEC 2023-2024 es un hecho. Sin embargo, su interpretación debe hacerse con cautela: detrás de esa participación hay una estrategia estatal que combina apoyo económico con impulso político indirecto.

Lejos de tratarse de una anomalía, este episodio anuncia un deterioro mayor. Las elecciones concurrentes de 2027 podrían representar un punto de inflexión donde converjan la debilidad institucional, el clientelismo y la impunidad.