El nudo que México no desata

El más reciente informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre México refrenda el continuismo del obradorato: impunidad y corrupción estructural, militarización de la seguridad pública, agresiones y censura contra periodistas y defensores de derechos humanos, desapariciones forzadas y débil acceso a la justicia.

Si bien hay avances en el “combate” a delitos como el huachicol, los casos de corrupción de la nueva clase gobernante confirman a México como el riesgo principal para la seguridad de Estados Unidos y esto lo va a dejar sentir los próximos 4 años.

Es el nudo que México no desata y sí complica: en vez de fortalecer el sistema de justicia, Morena impulsó una reforma que desmanteló al Poder Judicial, erosionó su independencia y lo cooptó; al mismo tiempo, los informes del Departamento de Estado han documentado la connivencia de grupos delictivos con autoridades en distintos niveles de ese partido, que ahora se extiende a los juzgadores, como fue denunciado por diversas organizaciones.

Adicionalmente, la obsesión de AMLO se presenta a través del Ejecutivo para desmantelar ahora el sistema democrático, a través de la imposición de una reforma electoral que perpetuará un régimen autoritario en el poder, que organizaciones, anuncian, será desafiada no sólo en tribunales, sino en las calles por medio de movilizaciones y actos de desobediencia civil, como muchos líderes de izquierda lo hicieron contra la cerrazón del PRI en el pasado y que hoy militan en Morena.

Pueden objetarse los términos del informe, pero no cuando el gobierno mexicano concede todo lo que Estados Unidos le exige en términos de seguridad. El reporte es la posición del vecino más poderoso y Washington no quiere —ni puede permitirse— un socio coludido o capturado por intereses criminales, porque ello desordena la frontera, modifica la cooperación en seguridad y erosiona el comercio.

El informe funciona como advertencia estratégica: documenta violaciones a derechos humanos y, al mismo tiempo, marca líneas rojas sobre connivencias que minan la cooperación en extradiciones, control de armas y combate al fentanilo. Ignorarlo tiene costos: menos confianza, más controles, condicionamientos en ayuda y un escrutinio más severo de su Congreso y agencias.

Debe notarse que el contenido, con matices, coincide con la evidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y organizaciones mexicanas. El espejo que incomoda no es ajeno: es México.

Pese a la narrativa gubernamental, el documento señala que en 2024 no hubo cambios significativos respecto de los problemas de fondo. La lista es apremiante: homicidios y desapariciones en niveles críticos, abusos de autoridad, tortura, detenciones arbitrarias, agresiones a la prensa, violencia de género, condiciones penitenciarias precarias y una impunidad que, en la práctica, funciona como política pública.

La Guardia Nacional sigue siendo el lastre de Morena. Opera como policía de proximidad sin el andamiaje civil, transparencia y supervisión independiente que exige el estándar internacional. En ese marco, los casos de uso excesivo de la fuerza, detenciones irregulares y cateos sin orden siguen apareciendo. Normalizar lo excepcional degrada los contrapesos.

A estas alturas, queda la duda de si el nuevo gobierno corregirá o encubrirá al anterior. La impunidad no es una cifra abstracta: es la distancia entre las víctimas y la justicia. Esa distancia se ensancha con la deficiencia en la justicia local y ahora federal. Las víctimas suplen al Estado y con un PJF dominado por el gobierno, el derecho a la justicia será minado.

El país sigue siendo uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo en el hemisferio y, ahora, Morena coarta la libertad de expresión.

Estados Unidos desnuda a Morena. México no tiene ya un Poder Judicial autónomo y tampoco tendrá elecciones libres.