Democracia sin derechos

Afirmar desde el Ejecutivo que la carrera judicial en el Poder Judicial federal no existe, sino sólo nepotismo, es, en los hechos, un recurso desesperado para disminuir el grave pronóstico de la reforma judicial: que las elecciones de juzgadores estarán marcadas por el acarreo, la infiltración del crimen organizado, la partidización de la judicatura federal, el abstencionismo y deficiencias que propiciarán una serie de impugnaciones en lo electoral y por la vía del amparo.

Esta salida fácil que buscaría responder al discurso de la ministra presidenta de la Suprema Corte en su informe de labores, justo confronta a la comunidad internacional, empresarial y a la ONU-Derechos Humanos y la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no se diga su propio equipo y legisladores.

El asunto de fondo es que la reforma judicial no termina por ser aceptada por Estados Unidos y Canadá, los empresarios globales han detenido sus inversiones, se encuentra denunciada ante los organismos internacionales, es la causante de la devaluación del peso y ahora la amenaza de un fraude para abultar los resultados se cierne sobre ella.

Pero el afirmar también que nunca se amenazó a juzgadores por sus resoluciones, es decir, hacerse cargo de las amenazas de López Obrador, es tan paradójico como negar la investigación iniciada contra funcionarios administrativos del Poder Judicial que fueron grabados intimidando a juzgadores para que resolvieran en favor del gobierno del tabasqueño.

Desde la Corte Suprema se expuso lo que los juzgadores federales, agrupados en su asociación nacional, JUFED, ya venían luchando en las calles, en conjunto con los trabajadores: que la reforma al Judicial no se inspira en una ruta estudiada y negociada como todo gobierno democrático lo hubiera llevado a cabo, sino en un acto truculento, usando al pueblo, cualquier cosa que eso signifique hoy, dio la instrucción de desmantelar al PJF.

Nada de reforma por el pueblo. Es una reforma por el poder, para el poder y para asentarse en el poder por los mismos años que el PRI lo estuvo. Ésa es la conclusión de los economistas en la conformación del presupuesto: dinero en efectivo con fines clientelares.

Los juzgadores organizados lo advirtieron claramente: se trata de un golpe de Estado técnico, en razón de la doctrina interamericana que establece que cuando dos poderes de un Estado (el Ejecutivo y el Legislativo) entran en combinación para anular al Judicial, se está frente a ese acto iliberal.

En días pasados, ambos poderes terminaron por asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial, sin importar la grave afectación al servicio de justicia y la defensa de los derechos humanos: habrá retrasos en la resolución de asuntos, el rezago será inmenso y quienes sufrirán el impacto serán las poblaciones más vulnerables.

Por supuesto, la factura se le pasará al Poder Judicial y, con esa mentira, se buscará justificar la narrativa de que es por ello que se le destroza, para imponer a juzgadores de dudosa procedencia y no probada capacidad.

Por ello es muy importante la resistencia a la reforma judicial, porque se trata de aceptar la anulación de un futuro democrático. Los juzgadores se fundan en un principio esencial que la extraordinaria ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, advirtió: “Los jueces no deben ser instrumentos del poder, sino guardianes de los derechos. Aceptar reformas que disminuyen la democracia es olvidar nuestra misión principal”.

Es importante definir la ruta que México atraviesa: todo indica que caminamos, y no es paradójico, hacia una democracia sin derechos.

La reflexión navideña es si nuestra democracia liberal ha entrado en descomposición. Y quizá no es que tengamos un exceso de poder popular, sino la falta del mismo, como dijo la cineasta y activista Astra Taylor.