Defender el derecho a la vida

Al vivir bajo constante exposición a la violencia o al riesgo de ser víctimas del crimen organizado o de la milicia, el Estado mexicano viola los derechos humanos de las personas. Sin embargo, se le puede demandar ante las cortes internacionales por las secuelas emocionales que afectarán a menores y adultos en el futuro.

Pocos han reparado en que esta violencia, ya incontrolable, tendrá efectos en la salud pública debido a la inacción del gobierno federal, lo que lo obligaría a reparar el daño emocional de las víctimas, de acuerdo con el derecho internacional.

Estamos ya en los efectos de los conflictos de baja intensidad. Las niñas, niños, adolescentes y adultos de Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Baja California y Chihuahua manifiestan secuelas psicológicas por la violencia que viven.

Enseñar a los menores a protegerse dentro de los salones es la muestra de la entrega del poder del Estado al crimen.

Cómo se materializa la violación de los derechos humanos (DH) por el Estado. La CIDH, al resolver el caso La Panel Blanca, en Guatemala, determinó que, con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención Americana de DH, ese país estaba obligado a organizar el poder público para garantizar a las personas, bajo su jurisdicción, el libre y pleno ejercicio de los DH, como también lo preceptuaba su Constitución al momento de la resolución.

“Lo anterior se impone independientemente de que los responsables de las violaciones de estos derechos sean agentes del poder público, particulares o grupos de ellos”, concluye.

Es clara la CIDH en que los particulares violan los DH de las personas y que el gobierno federal debe garantizar su libre ejercicio, es decir, protegerlos de los grupos de la delincuencia.

Y si bien no es el primer caso en el que el organismo resolvió lo relativo a la falta de actividad de un Estado, sí fue el primero en el cual se elaboró un concepto de impunidad y se estableció la obligación del Estado de sancionar las violaciones de derechos, tomando como fundamento jurídico el artículo 1.1 de la Convención Americana.

La jurisprudencia interamericana es vasta en casos que pueden invocarse para denunciar al Estado mexicano por inacción. “El derecho a la vida —de acuerdo con dicho órgano— constituye no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna” (la seguridad).

En consecuencia, el gobierno federal incumple por vía doble al permitir operar al crimen y militarizar la seguridad pública.

Se abre la puerta para la indemnización por parte de los familiares de las víctimas, tanto en los casos de violencia de grupos civiles armados como de fuerzas militares.

El lopezobradorismo se encuentra en un problema, porque, convencionalmente, viola lo que en derecho interamericano se conoce como obligación negativa y/o positiva, es decir, impedir la agresión a la población y generar las condiciones para que no ocurra.

Llama la atención la encuesta del Financiero en la que los consultados opinaron ampliamente que debe ser el Congreso el que apruebe el paso de la Guardia Nacional al Ejército y no por decreto, mediante el cual el Presidente pretende violar la Constitución. Sobre la militarización, México está dividido 46 vs. 46 por ciento.

La agencia estadunidense Healthy People establece que la población, por atestiguar la violencia, es ya victimizada, incluso escuchar que ésta existe en sus comunidades (capacitar a menores a tirarse al piso en las escuelas viola sus DH), afecta su salud mental.

Los niños experimentarán depresión, ansiedad y desórdenes postraumáticos.

Esto es un llamado urgente a contener la laxitud sospechosa oficial ante el crimen organizado.