Criminalizar el disenso

La marcha de la Generación Z nos dice más a los mexicanos porque es, a diferencia de las de otros países, el efecto de haber crecido entre la violencia sistemática del crimen y ser el objetivo de las desapariciones y violencia en su contra. De su abandono por parte del gobierno de Morena.

  Sin embargo, cuando intenta organizarse y ocupar el espacio público, se enfrenta con la estrategia deliberada del obradorismo: usar la criminalización del disenso como mecanismo para disciplinar a una generación que no le debe lealtad política.

El asesinato del exalcalde Carlos Manzo fue el detonante inmediato, pero el enojo viene de mucho antes. Quienes marcharon crecieron oyendo y viendo balaceras, desapariciones de personas de su edad, de una violencia inusitada en su contra por la omisión del gobierno federal. 

Las consignas en las calles de diversas ciudades se alejaron de las protestas partidistas y se concentraron en cuatro ejes: seguridad, justicia, combate a la corrupción y defensa de la democracia, exigiendo frenar la violencia del crimen organizado, garantizar justicia para víctimas y dejar de usar las fiscalías como instrumento político.

Marcharon en contra de vivir en un país donde el gobierno ha disminuido las instituciones y espacios democráticos. Lo hicieron contra el obradorismo como régimen autocrático.

Desde el gobierno de López Obrador, el Zócalo, el espacio de todos, se ha cerrado a la protesta incómoda. Se llena de conciertos y actos oficiales, pero es hostil para las manifestaciones que cuestionan a Morena. Es la valla que separa a los mexicanos.

Llegar al Zócalo ya fue sólo una ruta; fue disputar el derecho a ocupar el corazón político del país. Donde los esperaban los reventadores, como lo han hecho con las marchas de las mujeres que protestaban por un México seguro. Pero el obradorismo ve en el feminismo un enemigo de derecha, una manipulación.

Este gobierno ni en eso se distingue. Primero, minimiza: “No eran tantos jóvenes”, “había muchos adultos”. Luego, deslegitima: fue operación de bots, una campaña millonaria, un movimiento supuestamente financiado por empresarios. Finalmente, criminaliza: destaca sólo los enfrentamientos, habla de “grupos violentos” y justifica el uso de la fuerza.

Esa narrativa tiene consecuencias. Mientras se exhiben videos de encapuchados, pasan a segundo plano las imágenes de golpizas, detenciones arbitrarias y jóvenes sometidos sin identificación clara de los agentes. El mensaje que queda es otro: protestar contra Morena puede salir caro. El costo no es sólo físico o legal; es simbólico. Se manda el aviso de que, si eres joven y te organizas fuera de los canales controlados por el Estado, serás tratado como sospechoso.

El priismo del que se nutre el oficialismo reaccionó igual. Peña Nieto envió a un penal de alta seguridad a los jóvenes que marcharon por la desaparición de los 47 de Ayotzinapa. Los liberaron jueces federales de un Poder Judicial desmantelado.  

Lo revelador es la irrupción de una generación que creció entre redes sociales y notas rojas y que hoy convierte memes en organización y cultura pop en símbolos políticos. No se reconoce en los partidos, desconfía de los liderazgos tradicionales y no compra el discurso oficial de que todo está mejor sólo porque se repite cada mañana.

La verdadera crisis es de legitimidad. Cuando la población más joven concluye que el Estado está rebasado frente al crimen, no sólo cuestiona a un gobierno; cuestiona el pacto básico sobre el que descansa la vida en común.

La marcha de la Generación Z no resolverá la violencia ni derrumbará el gobierno en turno. Pero dejó claro algo que el poder suele olvidar: cuando el Estado renuncia a su obligación de proteger, la calle se convierte en tribunal y las nuevas generaciones, lejos de quedarse en la pantalla, empiezan a escribir su propio expediente de agravios. Y eso, más que cualquier consigna, es lo que debería preocupar a quienes hoy se empeñan en convertir el disenso en delito.