Contra el fuerte y el arbitrario: Morelos

México necesita de un gran debate, impulsado con una fuerza inaudita, para que los mexicanos decidan por qué proyecto de nación quieren votar: los seis años de agresión armada intensa y sostenida contra la población civil, la desaparición forzada de miles de personas, la complicidad de autoridades en ello y la corrupción que sólo cambió de manos son temas que deben ser parte de la discusión.

Es en ese contexto que llama la atención la iniciativa del Ejecutivo para desmantelar la Suprema Corte y terminar con la autonomía del Poder Judicial, sometiendo a las personas juzgadoras a las voluntades políticas.

Lo resalto porque, a lo largo de estos seis años, los juzgados y tribunales federales han sido requeridos como nunca por ciudadanos en lo individual y grupalmente, para defender sus derechos humanos de actos arbitrarios u omisiones cometidos por el gobierno federal saliente, como lo expresó la asociación de juzgadores Jufed.

Esto no corresponde a la narrativa que se fue construyendo contra los juzgadores federales para denostarlos y engañar a los mexicanos acerca de que todos se caracterizaban por ser corruptos.

El racional es distinto: justo cuando los ciudadanos entendieron que había jueces que los defendieran —en algunos casos salvaran sus vidas y las de sus hijos por la negligencia en el manejo de la pandemia— y llevaban al gobierno a juicio, es entonces donde se produce esta intentona autoritaria.

En la desesperación de quien se resiste a perder el poder, quien se asume como el salvador de la República, pretende enderezar una venganza política en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, quien sólo cumplió con lo que le mandata la Constitución.

Defender a los ministros y los juzgadores es un imperativo para la República, porque es justo el Ejecutivo el que se convierte en destinatario de la sentencia de Morelos: los ciudadanos siendo defendidos por un tribunal contra el fuerte y el arbitrario.

Lo que vendría después de una reforma como la que propone es la violación generalizada de derechos humanos, la arbitrariedad absoluta. La pasividad ciudadana nos puede llevar a ver lo nunca vivido en un país que comenzaba a caminar con su frágil y, ciertamente, perfectible democracia.

Es sabido el odio —tan básico resulta que no es necesario buscar un término políticamente correcto— que el Presidente saliente tiene hacia el Poder Judicial desde el desafuero. Y repito lo que en otra entrega cité.

Siendo jefe de Gobierno, en su oficina donde se preciaba de tener un “pejelagarto” en una pecera, López Obrador se dirigió a un miembro de la Corte Suprema en estos términos: “Los ministros de la Corte son como los negros de Estados Unidos… No sabían qué hacer con su libertad”.

La confesión pública de que la presentación de las reformas tiene el propósito de centrar el debate electoral en las mismas, es una injerencia en el proceso electoral y una gran mentira.

No, que los ciudadanos hablemos de los desaparecidos, de esa tragedia que desangra nuestro país, y que el gobierno no quiere escuchar. Que las madres buscadoras tengan un papel principalísimo —son acaso nuestras abuelas de la Plaza de Mayo—, de los feminicidios, de los homicidios cometidos por el narcotráfico, de la pasividad obligada de nuestras Fuerzas Armadas, de los muertos por cáncer.

Es el gobierno el que estará en evaluación en el proceso electoral. Lo bueno y lo malo debe ser resaltado, sujeto al escrutinio. Nada puede ni debe quedar fuera, ése es el principio de la democracia.

Que sea amplificado. Que no se calle a los periodistas mediante amenazas a los concesionarios o a los propietarios de medios. Que se nos explique por qué hay un discurso de odio que ha derivado en el asesinato de comunicadores.

Hoy vivimos una revancha de la DEA contra el Presidente de México. Si ésta tiene información comprometedora, que la haga pública.