Borrarán de la memoria colectiva a las víctimas

La confirmación de que el Ejecutivo federal modifica el padrón de desaparecidos, cuya cifra es la más alta en la historia de México, para disminuirla con fines electorales no sólo es una afrenta al Estado de derecho, una cachetada al sufrimiento de las madres buscadoras, sino una grave violación a los derechos humanos que puede tener consecuencias penales internacionales para, al menos, dos funcionarias e, incluso, el propio Presidente.

Se quiere borrar la memoria colectiva sobre los abusos de poder contra la población civil, en el caso de que estén involucrados cuerpos de seguridad, y protección a grupos delictivos, tal y como lo hicieron, con toda proporción, las dictaduras del cono sur.

Pero, en los hechos, lo que se propicia es que los crímenes sean olvidados y que ni siquiera se guarde un recuerdo de las víctimas.

“Borrar de la memoria colectiva sus atrocidades y borrar de la memoria colectiva la identidad de sus víctimas: ésa ha sido (y es) la estratagema de cuantos, en la historia de la humanidad, han asesinado sin piedad a hombres y mujeres —sin distingos de edad— en nombre de credos e intereses inhumanos”, afirma el activista salvadoreño Luis Armando González.

Los ideólogos de los regímenes se dan a la tarea de “torcer” los hechos históricos, ajustándolos a sus propósitos político-electorales. Es, en los hechos, crear la historia de los victimarios.

No es una cosa menor en la que se ha involucrado este gobierno. No se sabe aún si es su ala dura la que lo convenció o es el titular del Ejecutivo motu proprio.

Sin duda, debe calificarse de valiente y congruente a Karla Quintana, quien renunció recientemente a la titularidad de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. En un foro confirmó que el gobierno federal “tiene la intención de borrar desaparecidos con un nuevo censo oficial, coordinado por la Secretaría de Bienestar, y dar la apariencia de una disminución de la gravedad del problema”.

Quintana presidió la comisión más de cuatro años y tenía la misión de localizar alrededor de 110 mil desaparecidos, por ello criticó que el “nuevo” censo, anunciado en junio por el gobierno, no sea conducido por las comisiones de búsqueda estatales, sino por la Secretaría de Bienestar.

Colectivos de personas buscadoras en todo el país ya venían advirtiendo de esta estrategia presidencial. Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, dijo que era un error buscar a los desaparecidos en las casas, “sino en los campos, en las cárceles y los hospitales”, porque “falta sensibilidad, empatía, solidaridad” y hay un desdén del Presidente, que no quiere reunirse con los colectivos.

Esta manipulación ha provocado la manifestación internacional. El Comité de la ONU Contra la Desaparición Forzada expresó su preocupación en dos temas. El primero, el aumento de desapariciones en territorio nacional, especialmente de niñas, niños y adolescentes y, el segundo, solicitó precisiones sobre el “nuevo” censo ordenado por el presidente López Obrador a la Secretaría de Bienestar, a lo que México no respondió. Horacio Ravenna, relator del comité, dijo que “hemos notado, con preocupación, que el fenómeno de la desaparición forzada sigue en aumento”. Para la ONU, este censo lo que hace es revictimizar a las familias, lo que viola las convenciones internacionales.

¿A quién beneficia el “rasurar” con fines electorales el censo? A los responsables de las desapariciones, agentes estatales o delincuentes. Les proporciona un manto de protección.

González lo dice bien: “En El Salvador, a las víctimas del terror estatal y paramilitar de los años setenta y ochenta se las quiso condenar a la no-existencia y sus verdugos, junto con sus cómplices (...), hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que sus crímenes fueran borrados de la historia”.