Transporte público, estamos entre el riesgo y la necesidad

Más allá de las carencias de infraestructura y la mala calidad del servicio, el transporte público en México enfrenta un desafío aún más grave que está cobrando la vida de decenas de personas: la negligencia de los conductores. En muchas ocasiones, esta irresponsabilidad no recibe sanción alguna, pues los responsables suelen huir de la escena, dejando víctimas heridas o, incluso, fallecidas. Este atentado a la seguridad de los usuarios debe terminar.

De acuerdo con el Banco Mundial, más de 1.19 millones de personas pierden la vida anualmente en accidentes de tránsito, de las cuales el 93% ocurre en países en desarrollo, como México. Nuestro país ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes viales y el tercero en América Latina.

El Informe sobre la Situación de la Seguridad Vial en México (2022) señala que en 2021 se registraron 14 mil 715 fallecimientos por siniestros viales, lo que representa una tasa de 11.4 muertes por cada 100 mil habitantes. En 2022, esta cifra ascendió a 15 mil 986 defunciones, según datos del Inegi. Y, aunque no se cuenta con un desglose específico de muertes vinculadas exclusivamente al transporte público, organizaciones civiles han alertado sobre el aumento de vidas humanas perdidas en este sector, exigiendo con urgencia medidas de seguridad.

En la Ciudad de México, la Secretaría de Movilidad reportó que dos de cada 10 muertes viales registradas el año pasado estuvieron relacionadas con unidades de transporte público y de carga. Mientras tanto, en el Estado de México, más de 20 fallecimientos han sido atribuidos a incidentes con transporte público sólo en 2024. Ejemplos recientes, como el accidente en la autopista México-Pachuca, que dejó 12 personas heridas, o la volcadura de un microbús en la carretera Federal México-Cuernavaca, que lesionó a más de 30 pasajeros, ilustran una problemática recurrente que ha dejado de ser noticia destacada para convertirse en información rutinaria. Esta normalización del peligro es inaceptable.

El problema no radica únicamente en el mal estado de las unidades, que por sí mismas ya representan un riesgo para los usuarios, sino también en la falta de respeto a las normas de tránsito y la negligencia de los conductores. Muchos de ellos carecen de capacitación adecuada y, en los casos más graves, suelen huir de los accidentes, dejando a las víctimas desprotegidas y sin acceso a justicia, impunidad que perpetúa el ciclo de inseguridad y desconfianza en el sistema de transporte público.

Alrededor del mundo, algunas ciudades han implementado estrategias efectivas para abordar problemas similares. Bogotá, por ejemplo, ha renovado su flota de transporte público mediante el sistema TransMilenio, y Singapur ha adoptado un estricto control de calidad en sus concesiones de transporte. Estas experiencias demuestran que, con voluntad política y gestión eficiente, es posible garantizar un transporte más seguro.

En México, es imprescindible establecer un registro organizado y actualizado de las personas y empresas concesionadas de transporte público, exigiendo que cumplan con estándares rigurosos de mantenimiento de unidades y capacitación de conductores. Este registro debe ser supervisado por las autoridades, asegurando que ninguna irregularidad quede impune. Además, debe promoverse una cultura de responsabilidad tanto entre los operadores como entre las personas concesionadas.

Los accidentes de tránsito son una de las principales causas de muerte entre niños y jóvenes a nivel mundial. En este contexto, nuestro país necesita, con urgencia, políticas públicas que prioricen la seguridad a bordo del servicio público y concesionado.