*Entre los hombres jóvenes, los indicadores son aún más alarmantes al observar la mortalidad por suicidio.
El pasado martes se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, marco en el cual resulta inevitable volver la mirada a una realidad que en México es contundente: los malestares emocionales se han extendido e impactan, más allá de lo que se ha considerado: en la calidad de vida de las personas y en el entono social.
De acuerdo con datos del Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE 2024) del Inegi, siete de cada 100 personas en ciudades del país reportaron sentirse más mal que bien y, entre los hallazgos, se evidencia una brecha persistente por sexo: los hombres reportan estados de ánimo más positivos que las mujeres.
Por otra parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua (Ensanut) señala que 17 de cada 100 personas adultas presentan síntomas de depresión, una proporción que aumenta de forma significativa entre la población adulta mayor, donde la cifra se aproxima a cuatro de cada diez. En todos los casos, la prevalencia es mayor entre mujeres y entre personas con menores ingresos, lo que confirma el vínculo entre salud mental y desigualdad social.
Entre los hombres jóvenes, los indicadores son aún más alarmantes al observar la mortalidad por suicidio. De acuerdo con cifras del Inegi, en 2023 se registraron 8 mil 837 defunciones, equivalentes a 6.8 por cada 100 mil habitantes, con una tendencia creciente desde 2013. Ocho de cada diez de estos fallecimientos corresponden a hombres y, de ellos, 65.6% ocurrieron en personas menores de 40 años.
Registros del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones muestran que la ansiedad y la depresión concentran la mayor parte de las atenciones en los servicios públicos.
Frente a este panorama, sobran razones para fortalecer la atención primaria y comunitaria en salud mental. Resulta indispensable establecer mecanismos efectivos de prevención, detección temprana y atención oportuna, especialmente en grupos de riesgo. Si bien la Ley General de Salud ya reconoce la prioridad de la salud mental y la prevención de adicciones, y existe la obligación de acercar los servicios a las comunidades, el reto principal sigue siendo la implementación.
La red de Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) hoy apunta a más de 300 centros a nivel nacional, a fin de dejar atrás al hospital psiquiátrico como eje único de atención y construir modelos territoriales con equipos interdisciplinarios. Sin embargo, estar en la ley no garantiza estar en el territorio con personal suficiente, horarios adecuados y continuidad en los cuidados.
El desafío es cambiar la geografía de la atención. Si la depresión y la ansiedad son los principales motivos de consulta y los hombres jóvenes concentran la mayor mortalidad por suicidio, la respuesta debe estar donde la gente vive, estudia y trabaja. Es preciso lograr paridad real entre salud mental y salud física, sin regateos y con una red que funcione antes, durante y después de la crisis.
Finalmente, no está de más analizar los problemas de salud mental como un detonante de la violencia. Hasta hoy, los estudios se han centrado en evidenciar los efectos de la violencia en la salud mental de quienes son víctimas, pero no en los padecimientos mentales como un detonante de ella. No obstante, el consumo de alcohol y otras drogas son considerados un riesgo de violencia y de delitos como el homicidio, que es frecuentemente mayor en personas con problemas de abuso de sustancias, al tiempo que se ha detectado que el abuso del alcohol y drogas puede aumentar el riesgo de trastornos mentales.
El tema es complejo, pero la solución puede ser más sencilla: fortalecer la atención a la salud mental desde la política pública, con enfoque de prevención, atención oportuna e inversión.