Regulación de micromovilidad, el derecho a movernos mejor

La popularización de vehículos motorizados eléctricos personales como scooters, bicicletas eléctricas y bicimotos ha sido tanto un símbolo de modernidad y practicidad, como un dolor de cabeza. Al tiempo que promueven la movilidad sustentable, son perfectos para recorridos cortos y generan menor congestión vial en comparación con el automóvil, su uso también representa un problema cuando no existen reglas claras en cuanto a la responsabilidad que implica su manejo.

Sin una normatividad específica, ese tipo de vehículos generan caos, invasión de banquetas y siniestros viales que afectan, sobre todo, a los peatones. Por eso resulta tan relevante que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se haya modificado a fin de crear una nueva categoría de Vehículos Motorizados Eléctricos Personales (Vemepe) y, con ello, establecer obligaciones concretas para los usuarios, tales como emplacar, tramitar una licencia, la obligación de portar casco y de circular únicamente por la calle y no por banquetas o ciclovías.

Y es que la experiencia internacional demuestra que cuando este modelo de transporte no se regula, por inofensivo y amigable que parezca, termina generando conflictos de tránsito y seguridad. París es el ejemplo más extremo, ya que durante años sus habitantes acumularon cientos de quejas por cuestiones como estacionamiento desordenado, conducción imprudente y accidentes, hasta llegar al punto de prohibir los servicios de renta de scooters en 2023. Singapur, en cambio, fue visionario y, tras el auge de ese tipo de vehículos, prohibió su tránsito en aceras, estableció su registro y emprendió inspecciones técnicas, con sanciones severas ante incumplimientos, lo que derivó en más certidumbre para peatones y una cultura de cumplimiento que hoy permite aprovechar la movilidad eléctrica sin sacrificar la seguridad vial. Y lo mismo han hecho otras ciudades del mundo como Londres y Barcelona.

En la Ciudad de México, los datos ya mostraban un panorama preocupante. De acuerdo con algunas investigaciones y datos de aseguradoras, ha habido un incremento de 30% en incidentes relacionados con monopatines o scooters eléctricos. El propio IMSS alertó que, entre 2022 y 2024, los egresos hospitalarios por fracturas aumentaron 5.4%, y en los primeros meses de 2025 ya se reportaban más de 60 mil casos de atenciones por lesiones relacionadas con scooters y motovehículos eléctricos, lo que representa aproximadamente el 43% del total registrado en 2024.

De modo que la reforma a la Ley de Movilidad de la CDMX aprobada durante las primeras semanas de agosto en el Congreso local, representa una medida fundamental para proteger a peatones, ciclistas y a grupos como niños y personas de edad avanzada que suelen enfrentarse a mayor riesgo. Al mismo tiempo, establece certezas para el conductor y su vehículo al ser identificable, e incentiva el tránsito organizado al recuperar la función original de banquetas y las ciclovías.

Ahora toca la parte más importante: comunicar masivamente las nuevas reglas, vigilar y sancionar en puntos críticos y acompañar la norma con infraestructura adecuada como biciestacionamientos, bahías de carga y calles que permitan a los Vemepe circular sin miedo, pues una regulación sin la infraestructura pertinente puede volverse letra muerta.

El mensaje es claro: el derecho a movernos mejor convive con el deber de cuidar a quienes caminan y pedalean. Si la autoridad aplica la norma con rigor y la ciudadanía la asume como propia, la reforma no sólo ordenará el espacio público, si no que también salvará vidas. Y de eso se trata.