México, con bases, pero sin aplicación efectiva de IA

El uso de la inteligencia artificial (IA) ofrece importantes oportunidades de desarrollo, pero también conlleva una serie de riesgos que, sin una regulación efectiva, puede tener un impacto significativo en diversos aspectos de la sociedad. Nuestro país cuenta con bases importantes para el desarrollo y la correcta aplicación de herramientas tecnológicas; sin embargo, aún tiene un largo camino por recorrer, tanto para ir de la teoría a la práctica como para establecer un marco que permita prevenir los riesgos provenientes del ecosistema tecnológico.

A inicios de este mes, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) presentó en el Senado de la República la Metodología de Evaluación del Estadio de Preparación de la Inteligencia Artificial (Readiness Assessment Methodology, RAM, por sus siglas en inglés), con el objetivo de analizar los retos en materia de políticas públicas y regulación en torno a esta disciplina tecnológica.

De acuerdo con información del organismo, las exportaciones de alta tecnología de nuestro país superan el 14.2%, lo que lo coloca como el número nueve del mundo; ocupa el primer lugar en cantidad de personas graduadas de programas de maestría en ciencias de la computación o equivalentes (2022) en América Latina; ocupa el sexto puesto de investigación específica en IA en la región y, junto con Brasil, acumula el 95% de las patentes en IA.

Por otra parte, cuenta con un marco normativo sólido en privacidad, transparencia y acceso a la información que garantiza el acceso a la información pública y protege los datos personales, que lo colocan como el segundo lugar entre 138 países dentro de la Clasificación Global del Derecho de Acceso a la Información.

Sin embargo, hoy en día, México carece de un plan o estrategia nacional digital y, mucho menos, cuenta con un marco específico en materia de IA, siendo evaluado con un nivel “muy bajo” en el Índice Latinoamericano de IA (2023) por su falta de visión e institucionalidad y estrategia.

Y es que regular el uso de la IA es crucial por varias razones, pues su mal uso puede afectar significativamente los derechos humanos, incluyendo la privacidad, la libertad de expresión y la no discriminación; también puede tener consecuencias mal intencionadas, por lo que es fundamental que las decisiones automatizadas por IA sean transparentes y que las entidades responsables de su implementación puedan rendir cuentas. Las regulaciones pueden exigir la divulgación de cómo se toman las decisiones y garantizar que haya mecanismos para impugnarlas cuando sean injustas o erróneas.

La IA puede ser utilizada en ciberataques y en otras amenazas a la seguridad nacional, por lo que es primordial trabajar en mecanismos de defensa adecuados y prevenir el uso malintencionado de estas herramientas; los alcances de la IA son tales, que pueden transformar sectores enteros de la economía desplazando a las personas, por lo que es preciso establecer bases para gestionar esta transición mediante la promoción de la reeducación, la capacitación y el reciclaje profesional.

Y si bien el desafío es grande, especialmente frente a la rápida evolución del ecosistema digital, nuestro país debe explotar esas fortalezas que lo ponen un paso adelante y fortalecer sus políticas para garantizar que la tecnología se utilice para el bien común y no para fines perjudiciales, al tiempo de trabajar para que sus beneficios se distribuyan de manera más equitativa y sin dejar a nadie atrás.

• La regulación de herramientas, como la IA, es esencial para maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos, garantizando que la tecnología se utilice de manera ética, segura y equitativa en beneficio de toda la sociedad, por lo que es hora de actuar con decisión y compromiso, reconociendo que cada acción cuenta y que es posible construir un futuro digital inclusivo y sostenible.