Para el crimen organizado, la extorsión se ha convertido en una de las actividades más rentables de los últimos años. Sin necesidad de grandes estructuras logísticas ni despliegues complejos, la delincuencia ha encontrado en este delito un nicho eficaz basado en la intimidación y la explotación del miedo. Modalidades como el llamado “derecho de piso”, la extorsión telefónica, las amenazas digitales y esquemas de préstamo ilegal como el “gota a gota” se han multiplicado, afectando principalmente a pequeños comerciantes, transportistas, tianguistas y trabajadores informales, es decir, a quienes cuentan con menos herramientas para defenderse.
Las cifras confirman que no se trata de una percepción aislada. Estudios indican que entre 2018 y 2023 el delito de extorsión creció más de 26%, una tendencia que se mantiene al alza y que refleja su consolidación como una práctica criminal sistemática. Entidades como el Estado de México, Guanajuato, Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Jalisco, Michoacán y Guerrero concentran buena parte de las denuncias, aunque el fenómeno está lejos de limitarse a estos territorios y se extiende, con distintas modalidades, a prácticamente todo el país. En muchas regiones, pagar para poder trabajar se ha vuelto una práctica normalizada.
Frente a este escenario, el debate público ha comenzado a desplazarse hacia soluciones más estructurales. En noviembre de este año entró en vigor la nueva Ley General contra la Extorsión en nuestro país, con el objetivo de homologar criterios en todos los estados, endurecer sanciones y, sobre todo, permitir que este delito se persiga de oficio.
No obstante, una ley por sí sola no basta. Combatir la extorsión exige políticas públicas que ataquen su lógica económica. Una de las cuestiones más relevantes es el fortalecimiento de la inteligencia financiera especializada, con capacidad real para rastrear flujos de dinero ilícito, transferencias electrónicas y cuentas utilizadas para el cobro de extorsiones. Seguir el dinero, bloquear cuentas y desarticular redes financieras resulta tan importante como detener a los autores materiales y, para ello, la coordinación entre fiscalías, instituciones bancarias y plataformas digitales, es fundamental.
Igualmente, es indispensable la protección integral a las víctimas. La mayoría no denuncia porque hacerlo significa ponerse en riesgo. Programas de denuncia anónima eficaces, asesoría legal gratuita, acompañamiento psicológico y esquemas de protección temporal para negocios amenazados podrían cambiar ese escenario. A esto debe sumarse una estrategia preventiva clara, con campañas que expliquen cómo operan las distintas modalidades de extorsión y qué hacer ante una amenaza, pues sin prevención ni protección, cualquier esfuerzo legal corre el riesgo de quedarse en el papel.
En este contexto, cobran especial relevancia las acciones emprendidas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien recientemente presentó un plan de acción contra la extorsión que combina reformas legales con medidas operativas concretas. La estrategia contempla el fortalecimiento de unidades especializadas, una línea telefónica exclusiva para atención inmediata, campañas informativas y un enfoque específico contra modalidades como el “gota a gota”, con el objetivo de no dar tregua a este delito y de poner fin a ese “impuesto” criminal silencioso que hoy asfixia a miles de capitalinos.
Si bien el desafío es enorme, también lo es la oportunidad de cambiar el rumbo. La nueva ley, el fortalecimiento de la inteligencia financiera y los planes locales en marcha son muestra de que el problema hoy se atiende con toda seriedad. Convertir estas acciones en resultados concretos será clave para recuperar la confianza ciudadana y demostrar que la extorsión no tiene por qué seguir siendo una condena cotidiana para quienes buscan vivir y trabajar en paz.