Legitimidad falsificada
El menosprecio a la ley es —quizás— el más grave de los problemas que se padecen en nuestro país. De éste se derivan otros más, como la violencia, la impunidad y la corrupción, y también otros que son tremendamente lesivos al conjunto de la sociedad, como lo son la pobreza y la desigualdad. Por ello es que cualquier cambio político y social que sea verdadero, profundo y radical debe asegurarse de que la ley y el interés general siempre prevalezcan por sobre cualquier otro poder que se sustente en intereses particulares o en voluntades individuales
“Que la buena ley es superior a todo hombre”, decía en los Sentimientos de la nación el gran José María Morelos y, sin embargo, en la historia de nuestro país lo que ha prevalecido no ha sido la ley, sino la voluntad personal, el interés particular, el capricho, la obsesión y hasta el desvarío de los autócratas, de los caciques, de los presidentes.
Ésta, la prevalencia de la voluntad de un individuo por sobre la ley general, fue la característica del régimen priista y será, fatalmente, la característica del gobierno de López Obrador. Así sucederá porque la hegemonía cultural del priismo trasciende al propio PRI, a tal grado que se ha reproducido de forma acabada en el partido Morena, y la podemos observar —esa cultura política del priismo— en el comportamiento de López Obrador.
Por ello mismo no debiera sorprender la ruindad que significa la utilización de los damnificados. En la maquinación que exhibió el INE y en donde se hacen manifiestos delitos como lavado de dinero, evasión fiscal, financiamiento ilegal de campañas, existe una terrible mezquindad y, para decirlo en términos del lenguaje de Andrés Manuel López Obrador, se lleva a cabo un acto de maldad. Pero, sin que sea menos grave, también está presente, por parte del candidato presidencial de Morena, esa característica de los caudillos autoritarios, esto es: el menosprecio a la ley y el deliberado propósito de engañar a la autoridad.
Y es que lo importante para quienes perpetraron esta artimaña era apropiarse del poder político de la Presidencia y, por lo tanto, ni López Obrador ni los dirigentes de Morena repararon en los medios para lograr tal fin. Es así que no dudaron en violentar la legalidad electoral y, menos aún, tomaron en cuenta el daño que le hicieron a la democracia mexicana.
Esto pasaba anteriormente con los gobiernos priistas y ahora con López Obrador sucede lo mismo. Poco les importa si su poder es legitimado por el voto informado y consciente de los ciudadanos en comicios limpios, libres, legales, pues, en sentido estricto, les interesa más la hegemonía que la legitimidad y, en todo caso, apelan a adquirir aquella “legitimidad falsificada que da la masa informe”, como bien la describiera Hannah Arendt.
López Obrador también está buscando esa legitimidad falsificada y sus métodos no son diferentes a los que utilizaron en su momento gobernantes del priismo y, paradójicamente, tampoco lo son respecto a los que implementó Felipe Calderón o Salinas de Gortari.
La legitimidad que busca López Obrador, la que verdaderamente desea, no está sustentada en las urnas y menos aún en el respeto a la ley. Ahora lo pueden ver, nítidamente, con el escandaloso fraude a través del fideicomiso. En sentido diferente, lo que principalmente le interesa es aquella legitimidad que —supone— se encuentra depositada entre la masa agraviada, furiosa y dispuesta a liquidar a todos aquellos adversarios políticos a quien López Obrador ha convertido en traidores a la patria y en causantes de todos los males del país.
Han pasado apenas algunos días y ya se ha hecho manifiesto el desprecio de AMLO a la ley, pero también se ha hecho evidente que, si bien no odia, nunca olvidará (y menos desde la Presidencia) a quien se atreva a criticarlo o a señalarlo como responsable de engañar a la gente más necesitada, como lo son los damnificados por el sismo y los damnificados por el régimen autoritario.