A penas estamos en la tercera semana del año y pareciera que nos encontramos a la mitad. Después ordenar una intervención militar en Venezuela, el presidente Donald Trump amenazó con adueñarse literalmente, de una forma u otra, de Groenlandia, argumentando razones de seguridad nacional y sin mayor justificación que el poder que cree tener bajo su mando.
Numerosos líderes internacionales reaccionaron de inmediato, aunque quizá no tantos como deberían. Esta misma semana, desde Davos, Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, el primer ministro canadiense Mark Carney lanzó un preocupante, pero oportuno mensaje en respuesta: “Estamos en medio de una ruptura, no de una transición”. No se puede vivir con “la mentira del beneficio mutuo de la integración económica”, cuando ésta se convierte en un arma y “fuente de subordinación”. Carney advirtió, además, que, el entramado institucional desarrollado por décadas para la resolución pacífica de problemas internacionales —desde la OMC hasta la ONU—, están ahora muy debilitadas por la conducta de superpotencias como Estados Unidos, Rusia o China.
Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que este sistema “suele ser lento, y necesita reformarse, pero también permite cierta predictibilidad y lealtad” con compromisos de largo plazo que también son sumamente valiosos. Cerró su discurso afirmando que: “preferimos el respeto más que el bullying, la ciencia sobre los complots, y el Estado de derecho antes que la brutalidad”. Por extraño que parezca, la presidenta Claudia Sheinbaum decidió no acudir por segundo año consecutivo a este foro de primer nivel, a pesar de que nuestro país también ha padecido el acoso del mandatario del norte.
No sobran quienes han señalado que el orden legal internacional multicitado por los líderes de los países recientemente amenazados o atacados por presidentes con pretensiones imperialistas es un orden que en realidad nunca ha existido porque ha sido violentado o ignorado numerosas ocasiones por los países más poderosos. Otros más señalan que no fue Trump quien dio la primera estocada al orden mundial, sino Vladimir Putin al invadir Ucrania. Otros más replican que, al menos desde la posguerra, el bully siempre han sido los gobiernos de Estados Unidos.
Por otro lado, hay quienes señalan que las violaciones a un marco legal no necesariamente implican que estas leyes sean del todo inútiles. En todo caso, la comparación relevante es entre vivir en un país, región o planeta sin leyes, frente a vivir en un sistema en el que existen tales leyes —y se intenta hacerlas valer—. Autores como Steven Pinker señalan, por ejemplo, que gran parte de la convivencia social en realidad no está regida por leyes y sanciones explícitas, sino por normas de convivencia implícitas. Y quizá es precisamente este tipo de normas esperadas de convivencia las que han sido más lastimadas por la retórica y acciones de presidentes como Trump o Putin.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hay cada vez una mayor interdependencia entre países ya sea mediante el comercio de bienes y servicios, o bien los flujos de capitales, ideas o personas. Sin duda no siempre se ha tratado de una convivencia pacífica y ordenada, pero al menos los últimos ocho décadas resultaron menos violentas que el siglo XIX o el periodo entre guerras del siglo XX. Como ha señalado la experta Oona Hathawayen, una parte de esta mejoría se pudo deber a las tensiones implícitas de la llamada Guerra Fría. Sin embargo, es un hecho que en lo que llevamos de este siglo ha habido un notable aumento en los conflictos entre países y, en muchos casos, guerras civiles. Quizá no sea accidente que, junto con esta creciente conflictividad, se ha observado erosiones o regresiones democráticas en cada vez más países.
En este contexto de creciente desorden mundial, llama la atención que la presidenta de México y su partido estén interesados en impulsar una reforma político electoral sin el consenso de las fuerzas políticas de oposición. No es buen momento, señalan algunos. No solo eso, ni siquiera sería democrático cambiar las reglas del juego político sin dicho consenso.