No a la revocación de mandato

El 14 de marzo pasado, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato. Hubo 329 votos a favor, 153 en contra y dos abstenciones. La votación logró la mayoría calificada requerida gracias a las notorias ausencias de 16 legisladores. Introducir la revocación de mandato en México en los términos del dictamen aprobado es una mala idea y enseguida intentaré explicar por qué.

Vayamos por partes. La revocación de mandato permite al electorado decidir si algún gobernante debe retirarse de su cargo antes de concluir el periodo para el que fue elegido originalmente. La idea es simple y, para algunos, persuasiva. Sin embargo, su implementación es algo complicada: en general, para activar un referéndum revocatorio se requiere del apoyo de cierto número de ciudadanos en un periodo dado.

En caso de prosperar, la revocación suele requerir una tasa mínima de participación para que sea vinculante. En caso de ser derrotado, cada país señala diferentes mecanismos para reemplazar al mandatario depuesto. No conocemos la mejor forma de implementar un referéndum revocatorio, porque es un mecanismo relativamente inusual en democracias consolidadas.

El 28 de abril de 2018, en este mismo espacio, me pronuncié en contra de introducir la figura de revocación de mandato en México. En aquel entonces, repasé cómo la figura había sido explotada de diferentes maneras por los presidentes de Bolivia, Colombia y Venezuela. Tales experiencias tienen un común denominador: los presidentes en turno reformaron la constitución para beneficiarse a sí mismos.

El dictamen aprobado en San Lázaro permite que el Presidente en turno solicite un referéndum revocatorio para las elecciones intermedias de 2021.

¿Por qué haría tal cosa un presidente que anticipa poder perderlo? Como bien dice mi colega Claudio López-Guerra: “Permitir a un gobernante iniciar el proceso de revocación de su propio mandato desvirtúa completamente el objetivo de ese instrumento.”

Por otro lado, el dictamen refiere que, en caso de ser derrotado, correspondería al Congreso designar a un nuevo Presidente para concluir el periodo sexenal. ¿Si el pueblo pone y el pueblo quita, por qué no convocar a nuevas elecciones? Si el Presidente pierde el referéndum, pero logra mantener mayoría legislativa para designar a su reemplazo, ¿qué se logró con la medida?

Una de las supuestas ventajas de un sistema presidencial es que los mandatarios cuentan con un plazo fijo para gobernar y ser removidos. Con la revocación de mandato propuesta, nada impediría tener una serie de gobiernos de tres años, unos por voto popular, y otros designados por el Congreso, con la consabida incertidumbre política de uno y otro caso.

Todas estas interrogantes podrían subsanarse de un modo u otro, pero subsiste la que considero más importante: tenemos un presidente elegido por seis años que quiere modificar las reglas del juego para irse o ratificar su mandato a los tres años.

¿El Presidente pretende atarse las manos o, más bien, busca la oportunidad de figurar en las boletas electorales de 2021 para preservar o fortalecer una mayoría legislativa con la que ya cuenta? Si la figura sugerida es tan virtuosa, ¿por qué no proponer que la figura entre en efecto a partir del próximo sexenio, de manera que no sea claro quién es el presidente potencialmente beneficiado o perjudicado por ella?

En 2014, un Congreso con mayoría priista aprobó la reelección legislativa. No la de ellos mismos, por supuesto, sino la del Congreso que entraría en funciones en 2018. En 2017, hubo quien sugirió introducir una segunda vuelta en un proceso electoral que ya estaba en marcha (quizá, pensaban que era una forma de impedir el triunfo de Andrés Manuel López Obrador): esa también era una mala idea y me opuse públicamente a ella.

Hay otros detalles importantes por definir. Si el Presidente estará en la boleta de un referéndum, ¿tendría acceso a medios? ¿Qué acceso tendrían sus opositores? En nuestro sistema electoral, las elecciones intermedias sirven para refrendar o modificar la composición del Congreso y con ello dar o no un contrapeso. ¿Vale la pena que una vez más giren en torno al Presidente?