Martes incierto
Si el gobierno no acata una sentencia del Poder Judicial, ¿cómo podremos confiar en que respetará a la Corte del futuro?
El próximo martes 5 de noviembre se resolverán dos asuntos fundamentales para el futuro del país a corto y largo plazo y el de nuestra frágil democracia. Ese martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá diversas acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial publicada el 15 de septiembre pasado.
El proyecto elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá plantea invalidar una parte de la reforma y sostener otra: su propuesta es validar la remoción del pleno de la Corte para elegir nuevos integrantes mediante votación directa, pero invalidar la remoción de magistrados y jueces, entre otros aspectos.
Hay quienes argumentan que la Suprema Corte no puede conocer este asunto porque implica que sea juez y parte. Curioso argumento: ¿ante qué tribunal podrían acudir las personas afectadas por una reforma constitucional que desmantela de tajo uno de los Poderes de la Unión? ¿Los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial están irremediablemente indefensos ante cualquier reforma que les afecte? ¿Quién si no la Corte misma puede decidir sobre esta materia?
Por otro lado, hay quienes argumentan que no se puede impugnar una reforma constitucional porque la Corte está obligada a defender la Constitución vigente —con todo y sus reformas—, sea como fuere que hayan sido aprobadas y sea cual fuere el contenido de fondo de la reforma. Curioso argumento: ¿quieren decir acaso que una hipotética reforma constitucional que no cumpla con el debido proceso legislativo, y/o que vulnere derechos humanos no puede ser impugnada? ¿En qué creen que consiste la función de un tribunal constitucional?
También es cierto que, detrás del avasallamiento del Poder Judicial en ciernes, existe un debate fundamental para una democracia constitucional: si parte de la Constitución, o una reforma a la misma, puede o no ser inconstitucional —y quién podría resolverlo—. Pero sospecho que no fueron este tipo de argumentos los que motivaron la reforma judicial. Algunos defensores de la reforma judicial —incluso algunos que presumen ser especialistas en derecho constitucional—, de súbito olvidan la importancia de la inamovilidad de los jueces, la independencia del Poder Judicial, o que la misma Constitución señala que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión”. No uno ni dos, sino tres.
Si el pleno de la Corte no consigue ocho votos para invalidar la reforma total o parcialmente, ésta seguirá su curso. En caso de que haya ocho votos en favor de invalidar la reforma, total o parcialmente, falta ver cómo responderá el gobierno. El Ejecutivo y Legislativo podrían volver a legislar e insistir en la reforma o simplemente ignorar la sentencia. Si deciden lo segundo, entraremos a un terreno sumamente incierto. Si el gobierno no acata una sentencia del Poder Judicial, ¿cómo podremos confiar en que respetará a la Corte del futuro?
Sabedores de lo que viene, ocho ministras y ministros ya han anunciado su salida. Lo que este conflicto y su incierta conclusión muestran que, habiendo muchas otras formas de reformar, reforzar o renovar al Poder Judicial, el gobierno puede decidir imponerse por la vía de los hechos.
Por último, en el ámbito externo, el próximo martes se realizará la elección presidencial de los Estados Unidos. Las tendencias de las encuestas nacionales apenas dan una ventaja de un punto porcentual a la vicepresidenta Kamala Harris sobre el expresidente Donald Trump.
Dado que el triunfo depende de una mayoría en el colegio electoral y no del voto popular directo, el resultado tiene gran incertidumbre: los modelos estadísticos ofrecen una probabilidad de triunfo de 54.6% a Trump y 46% a Harris. En 2016, Trump tenía una menor probabilidad de victoria y aun así logró derrotar a Clinton. Hay quienes dicen que un segundo mandato de Trump quizá no puede ser tan peligroso para México o Estados Unidos. Habría que recordarles un pequeño detalle: hoy la Suprema Corte norteamericana está sesgada en favor de Trump. Un poder sin contrapesos judiciales clave está en ciernes en ambos países.