Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como constitucional la “Ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación”, promovida el sexenio pasado por la directora general del ahora extinto Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, y que entró en vigor el 8 de mayo de 2023. Como sabemos, la nueva Ley de Ciencia fue aprobada a toda prisa, junto con otras reformas, la noche del 30 de abril de 2023, violando seriamente el debido proceso legislativo.
La Corte resolvió dos acciones de inconstitucionalidad, promovidas por legisladores de oposición a finales del sexenio pasado, y al mismo tiempo, estableció un criterio para que otros tribunales resuelvan los numerosos amparos promovidos por académicos de instituciones privadas que consideran que la nueva ley era discriminatoria. De hecho, uno de estos recursos fue promovido por Giovanni Figueroa antes de ser designado como ministro de la nueva Corte, razón por la cual se excusó de la discusión. Así, la resolución se aprobó por siete votos a favor y uno en contra de la ministra Loretta Ortiz, quien planteó que excluir a los académicos de instituciones privadas de los beneficios del Sistema Nacional de Investigadores vulnera sus derechos. La vida da muchas vueltas en el nuevo pleno de la Corte.
La cobertura mediática sobre esta decisión se ha centrado en que la llamada “Ley Buylla” establece que los apoyos económicos del Sistema Nacional de Investigadores sólo pueden otorgarse a académicos de universidades públicas, pero no así a quienes trabajan en universidades privadas. Hay quienes argumentan que es razonable o adecuado que los apoyos del SNI se focalicen en las universidades y centros de investigación públicos, y que, en todo caso, las universidades privadas deberían pagar a su personal académico estímulos similares. Por otro lado, muchos académicos comparten el argumento de la ministra Loretta Ortiz y han sido afectados por la nueva ley.
Como profesor de un centro público de investigación desde hace más de 23 años, considero que, si bien los apoyos del SNI son un paliativo valioso, este sistema no resuelve el problema de fondo: la precarización de las carreras académicas a lo largo del país: los salarios de las y los académicos del país deberían ser mejores, independientemente de si laboran en una institución pública o privada.
Pero eso no es todo. Como es del dominio público, durante el sexenio pasado, la directora general de Conacyt implementó diversas medidas que lastimaron a los centros públicos de investigación tanto en su presupuesto, como en su organización y vida interna. Por ejemplo, en diversos CPI se designaron directivos con consignas explícitas para redirigir agendas de investigación en favor del gobierno federal, restringir contrataciones de profesores y reducir al mínimo los espacios de deliberación colegiada propios de la academia.
Más allá de esas medidas discrecionales, la nueva Ley de Ciencia del extinto Conacyt eliminó las facultades de voto de los Consejos Académicos de los centros públicos de investigación para volverlos órganos colegiados con meras opiniones no vinculantes, lo cual limita gravemente la autogestión y la capacidad de estos órganos para incidir en la toma de decisiones estrictamente académicas. Por otro lado, la designación de directores generales de los CPI, se volvió más vertical: es por ellos que la entonces titular del Conacyt pudo designar unilateralmente a directores de los centros, a contrapelo de las opiniones del personal académico.
El problema de fondo de la ley que Álvarez-Buylla heredó a la nueva Secretaría de Ciencia es centralizar la toma de decisiones, tratar a los CPI como entes paraestatales, y al personal académico como burócratas con derechos y libertades acotadas. Sin duda es claro que los profesores de un CPI son servidores públicos, pero al mismo tiempo debe protegerse la libertad de cátedra e investigación al interior de los claustros, así como la deliberación colegiada y la rendición de cuentas con apego a la normatividad aplicable. La nueva Secretaría de Ciencia merece una nueva y mejor ley.