Los dilemas del nuevo régimen

El mandato electoral del nuevo gobierno podría considerarse claro y contundente puesto que, después de todo, consiguió una mayoría absoluta de votos. El contrapeso del Legislativo tampoco es una excusa porque cuenta con mayorías en ambas Cámaras —otros gobiernos se quejaban de ser bloqueados por el Congreso, por ejemplo—. Queda el contrapeso del Poder Judicial, pero este sólo reacciona a petición de parte. Así las cosas, ¿por qué podrían salirle mal las cosas a un gobierno a pesar de contar con condiciones propicias para implementar “su plan” de gobierno?

Cabe aclarar que a cualquier gobierno democrático pueden salirle mal las cosas. En general, hay una brecha entre “lo prometido” en las campañas y lo que es factible hacer. También hay otra brecha entre lo que “se dice que se está haciendo” —los fundamentos y motivos detrás de las políticas públicas— y lo que “realmente se hace”. Existe una brecha entre las intenciones de las políticas y sus consecuencias reales. Estas brechas pueden deberse a causas fuera de su control, las llamadas restricciones externas, o bien por causas internas, tales como las llamadas fallas de gobierno —el término análogo a las fallas de mercado—. Entre éstas se encuentran problemas de información asimétrica, problemas de acción colectiva, problemas de diseño institucional y una larga lista de problemas de implementación o coordinación.

A nivel macroeconómico, algunos especialistas argumentan que hay una fuerte dosis de incertidumbre sobre las políticas públicas del nuevo gobierno. Decisiones como la cancelación del nuevo aeropuerto, el conflicto sobre los gasoductos y los ajustes en las políticas de gasto público pueden alertar al sector privado sobre cambios en la rentabilidad esperada de invertir en el país. Quizás por ello, de un tiempo a esta parte, el gobierno ha intentado transmitir señales de mayor certidumbre al sector privado.

Otra fuente de incertidumbre tiene que ver con la viabilidad de largo plazo de la política hacendaria. En un entorno económico adverso, es posible que las metas de crecimiento económico, recaudación o renta petrolera no se alcancen. En tal situación, el gobierno podría verse obligado a recortar el gasto público —¿en qué rubros o programas?—, incurrir en déficit, endeudarse —o bien utilizar los fondos de estabilización— o, en ultima instancia, aumentar los impuestos. El gobierno ha prometido que no habrá nuevos impuestos ni deuda, pero lo que está por verse es si tales promesas son creíbles.

El reciente aumento en los precios del petróleo tras los recientes conflictos en Medio Oriente sirve para ilustrar los dilemas que enfrenta el gobierno. Por un lado, con el aumento en precios suben los ingresos esperados de Pemex, incluso si la producción se mantiene constante. Sin embargo, también sube el costo de las gasolinas que, en su mayoría, importamos. Esto permitiría una mayor recaudación por impuestos a gasolinas, misma que afectaría el bolsillo de los consumidores, pero tendría una incidencia progresiva. El dilema es como sigue: ante el alza de los hidrocarburos, la promesa de mantener sin aumentos reales los precios de las gasolinas implica una menor recaudación, lo cual tendría una incidencia regresiva.

Los nuevos programas sociales también enfrentan dilemas más allá de la restricción presupuestal señalada antes. Por un lado, se han reducido o eliminado programas de transferencias focalizadas en aras de dar lugar a programas de transferencias directas de acceso más amplio o universal. Sin embargo, si la implementación de los nuevos programas es deficiente o las metas de cobertura no se alcanzan, el gobierno puede acabar sacrificando un programa de mayor impacto social por uno de menor impacto social: gastar menos en quienes más lo necesitan. De ahí la preocupación de algunos expertos en política social de que programas que se anunciaron como universales puedan acabar siendo explotados de manera clientelar.

Detrás de los problemas aquí señalados está el problema de la delegación. No basta la voluntad de una persona ni la de un secretario ni el mandato de un presupuesto de egresos para erradicar políticas mal diseñadas, la discrecionalidad, el desvío de recursos, la corrupción. No se puede gobernar sin delegar, pero hacerlo es costoso.