La verdadera ciencia

El 21 de agosto pasado, María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt, y Juan Carlos Martínez, investigador del Cinvestav, publicaron un interesante artículo La Jornada titulado Pecados de origen del credo tecnocrático. El texto no tiene desperdicio.
Por principio de cuentas se nos explica que los primeros tecnócratas mexicanos fueron los positivistas del Porfiriato. Nada bueno pudo salir de allí, por supuesto: “No puede desligarse la primera incursión del pensamiento tecnocrático en México de la barbarie porfirista. El lema “Orden y Progreso" se tradujo en nuestro país en la fórmula “Mátalos en caliente".

Enseguida se reconoce que el “sueño tecnocrático” nació en la década de 1930, durante los años de la gran depresión: “colocar la gestión de los asuntos públicos, particularmente la política económica, en manos de especialistas que alcanzarían tal honor gracias a sus credenciales y sus competencias. De esta manera, la gestión de lo público sería, supuestamente, ajena a los sinsabores y a los vaivenes de lo político”.

Realizar tal sueño tecnocrático no sólo es imposible —puesto que imposible es desvincular a la política de las políticas públicas de cada momento—, sino que es “una ideología profundamente antidemocrática”. Cosa mala que, en una democracia, solamente pudieran tomar decisiones los tecnócratas y/o expertos.

Sin embargo, justo cuando uno esperaría dar sepultura a los tecnócratas-porfiristas-antidemocráticos, los autores reconocen que: “En todo tiempo los responsables de la toma de decisiones de Estado, los representantes del pueblo en el caso de los regímenes democráticos, se han apoyado en el consejo de expertos. (…) El experto le es necesario al Estado. Sin embargo, el credo tecnocrático, nutrido del pensamiento neoliberal, promueve la creencia de que la gran complejidad de los asuntos públicos hace indispensables a los expertos. El tecnócrata sería entonces (…) el único apto y legitimado para tomar las decisiones en su ámbito.” (Las cursivas son mías).

¿Acaso no son los representantes populares quienes toman las principales decisiones de política pública en una democracia y, en su caso, pueden apoyarse en asesores o expertos? ¿No es necesario recurrir a epidemiólogos para responder ante una pandemia, o a otros expertos para construir una refinería, o consultar con la comunidad científica sobre cómo mejorar la política de ciencia y tecnología de un gobierno? ¿Serán un mal necesario todos estos expertos? No queda del todo claro, pero hay que tener cuidado porque, en la práctica, existen “alianzas de facto entre políticos, funcionarios y toda clase de expertos, los tecnócratas, a fin de sostener las riendas del poder real, haciendo a un lado al pueblo.” Al parecer, el conocimiento experto es necesario, pero sospechoso.

Ante el fracaso del neoliberalismo, hay que “eliminar la sujeción del poder político al poder económico” y “quebrar la hegemonía en México del credo tecnocrático”. ¿Cómo lograr semejante tarea? Hay que buscar expertos, ese mal necesario, “emanados del pueblo”, capaces de producir “un saber colectivo virtuoso, verdaderamente científico”.

Hay serios problemas en el planteamiento. ¿Quién podría distinguir entre la buena y la mala ciencia, entre los saberes sospechosos y los verdaderamente científicos? En palabras de mi colega Andreas Schedler “es una ironía que quienes denuncian la ideología tecnócrata como el origen de todos los males del siglo XX mexicano, sean los grandes tecnócratas del presente. El anteproyecto de Ley de Ciencia y Tecnología emana de otro sueño tecnocrático: que todos los problemas de la sociedad tienen soluciones científicas. Es una visión que exige lo que en otros países exigen los gobiernos más conservadores: que la ciencia esté al servicio de la economía y el Estado”. Los nuevos tecnócratas desconfían de la comunidad científica y académica. Hay que tener los ojos bien abiertos.