Entre las reformas electorales aprobadas esta semana, que facilitan anular elecciones que no le convengan al partido en el poder, y el notable cambio de tono en el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum el domingo pasado, es claro que el gobierno y su partido se encuentran a la defensiva o al menos anticipan cierto desgaste o castigo en las urnas en las próximas elecciones.
¿Vale la pena arriesgar la importante relación bilateral con Estados Unidos para defender a un pequeño grupo de políticos desprestigiados? Depende. Por un lado, es posible que el gobierno ya tenga conocimiento de que la lista de políticos morenistas serán acusados por las fiscalías estadunidenses se ampliará más pronto que tarde. Otra posibilidad es que el gobierno federal tenga conocimiento de los pactos y complicidades que han tenido que tolerar o encubrir desde hace varios años a la fecha. O conocen lo que se viene o conocen cómo y con quiénes han gobernado: en cualquiera de los dos casos, es notable que el gobierno se siente vulnerable.
El encuadre que el gobierno intentará promover de aquí en adelante es claro: las acusaciones contra políticos de Morena son injerencismo del extranjero y hay que cerrar filas para defender la soberanía, lo cual implica defender a las y los políticos de Morena, sean quienes fueren. Del mismo modo, cuestionar al gobierno o su partido equivale a apoyar el injerencismo y equivaldría a una traición a la patria. Desde el punto de vista de la oposición, el argumento es justo el contrario: apoyar a Morena implica apoyar al narcotráfico. Los incómodos matices serán difíciles de argumentar entre ambas posturas.
¿Cuántas personas comprarán estos argumentos? Según la más reciente encuesta de Enkoll, levantada cara a cara entre el 16 y 19 de mayo de 2026 a 1207 personas en la República Mexicana, y publicada por el diario El País el 27 de mayo pasado, las recientes acusaciones ya han cobrado factura en la percepción de un grupo importante de la población.
Según esta encuesta, la aprobación presidencial de Claudia Sheinbaum ha disminuido de 75 a 68% entre marzo y mayo de este año. Entre quienes aprueban su gestión, 40% destacan a los programas sociales como el principal logro, mientras que sólo 7% de destacan la seguridad y el combate al crimen. Por otro lado, entre quienes no aprueban la gestión de la presidenta, 26% señala como su principal error que no se ha combatido la inseguridad o el narcotráfico. Parece un dato menor, pero en octubre de 2025 este porcentaje sólo era de 16 por ciento.
En enero 2025, 71% de la población percibía que la situación del país había mejorado, hoy este porcentaje es de sólo 58 por ciento. Si bien Morena sigue siendo la fuerza partidista dominante en el país, la intención de voto por este partido ha pasado de 48% en octubre 2025 a 39% en mayo de de este año.
Según la misma encuesta, 71% de la población esperaría una mayor colaboración con el gobierno del presidente Donald Trump para combatir al crimen organizado. Sin embargo, 65% de los encuestados rechaza que las agencias estadunidenses realicen operativos en territorio mexicano.
Ésta no es la única aparente contradicción. Un 74% de mexicanos aprueba la colaboración con EU para labores de inteligencia y capacitación y, al mismo tiempo, 65% de los encuestados rechazan la entrada de agentes de la CIA o la DEA en suelo mexicano para combatir al crimen organizado, a pesar de que para 41% de encuestados la inseguridad sigue siendo el principal problema nacional.
Quizá por todo lo anterior hay tanta urgencia por aprobar e implementar la nueva reforma judicial con la que purgaron y capturaron al Poder Judicial. Quizá por ello han vuelto a reformar la Constitución de manera expedita para ampliar (otra vez) el mandato de los magistrados electorales que tanto les han favorecido y, por otro lado, para facilitar la anulación de elecciones con resultados desfavorables para ellos. Entre la reforma judicial y la reciente reforma electoral, la impunidad tiene mucho mayor holgura ya sea frente a una procuración de justicia eficaz, o bien frente a un eventual castigo del electorado.