En medio de la crisis, un presupuesto inercial

La semana pasada se aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2021, mismo que, junto con la Ley de Ingresos, definirán los principales rubros de ingresos y gastos del gobierno federal. Tal y como ocurrió con los paquetes económicos de 2019 y 2020, el del año próximo fue aprobado con cambios mínimos respecto a las propuestas iniciales del Ejecutivo.

El Presupuesto de Egresos aprobado para 2021 ascenderá a 6.295 billones de pesos, monto que representará una cuarta parte del Producto Interno Bruto para el mismo año. En términos reales, el presupuesto será 0.3% menor que el aprobado para 2020.

Esta disminución refleja, en parte, una caída estimada en los ingresos. En 2021, se estima que habrá ingresos presupuestarios de 5.538 billones de pesos, monto que es 174 mil millones de pesos o un 3% menor que lo aprobado en la Ley de Ingresos 2020. Debe aclararse que la meta de ingresos para 2020 tampoco se alcanzó: se aprobaron ingresos por 5.712 billones, pero en los Criterios Generales de Política Económica se estima que sólo serán de 5.566 billones de pesos: tanto los ingresos petroleros como los tributarios fueron menores a lo esperado.

La diferencia entre ingresos y egresos se cubrirá con un techo de endeudamiento neto para el sector público de 718.19 miles de millones de pesos, equivalentes a 2.9% del PIB, lo que representa un aumento de 21% respecto al endeudamiento aprobado en 2020. El llamado balance primario, sin embargo, permanecerá equilibrado.

Tres de los más grandes rubros de gasto son pensiones, educación y salud. 1.2 billones de pesos, aproximadamente una quinta parte del presupuesto total para 2021, serán destinados al pago de pensiones. Según el análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), el presupuesto para el sector salud ascenderá a 692.4 mil millones de pesos, cifra apenas 1.8% mayor que lo aprobado para 2020 —antes de conocerse la pandemia—. Por su parte, el presupuesto destinado a la educación durante 2021 será de 836.4 mil mdp, cifra 1.3% menor que el gasto ejercido en 2019 en este rubro.

En 2021, las transferencias a entidades y municipios, el llamado gasto federalizado, serán de 1.867 billones de pesos, monto 5.5% menor que el aprobado para 2020. Las participaciones, rubro de vital importancia para los gobiernos locales, disminuirán en 6.4%: en mayor o menor medida, todos los estados del país recibirán menos participaciones y aportaciones que en 2020. Por esta razón, muchos gobernadores y no pocos presidentes municipales han protestado y exigen una revisión del pacto fiscal.

El propio secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha advertido que el año entrante será “el peor momento económico para el país en el último siglo”. Si el Paquete Económico aprobado no pareciera reflejar tal situación de gravedad, es sólo porque tanto ingresos como egresos están sujetos a que las expectativas de crecimiento y recaudación se cumplan, cosa que no ocurrió ni en 2019, antes de la pandemia ni en 2020, ya con ella. Y, al igual que en los dos años previos, la Secretaría de Hacienda podrá hacer los ajustes y adecuaciones que le ordene el Presidente sin que la Cámara de Diputados asuma su responsabilidad de revisión de la cuenta pública.

La llamada austeridad republicana de este gobierno no ha implicado reducir el gasto público ni en términos absolutos ni como proporción del PIB, sino hacer una severa reasignación de prioridades de gasto. Por ejemplo, el proyecto del Tren Maya contará con 36.2 mil mdp y el nuevo aeropuerto de Santa Lucía con 21.3; mientras que programas sociales poco transparentes como Sembrando Vida o Jóvenes Construyendo el Futuro contarán con 28.9 y 20.6 mil mdp, respectivamente.

El compromiso presidencial por no incurrir en nuevo déficit o endeudamiento público no sólo puede ser una medida inadecuada para enfrentar tiempos de crisis económica y de salud, sino una medida contradictoria cuando el mismo gobierno ha agotado todos los “guardaditos” heredados de administraciones pasadas y está por hacer lo propio con numerosos fideicomisos.

Frente al peor momento económico y una crisis pandémica que será más larga de lo planteado originalmente, tanto el gobierno federal como los gobiernos locales seguirán teniendo las mismas opciones de política pública: endeudarse, cobrar más impuestos, o recortar el gasto en rubros socialmente útiles. Si el Congreso decidió no hacerlo, ¿quién será el primero en actuar responsablemente?