Capturar a la Corte

El pasado 7 de noviembre, Arturo Zaldívar presentó su renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismo que desempeñaba desde diciembre de 2009, cuando fue designado a propuesta del entonces presidente Felipe Calderón. Zaldívar fue presidente de la Suprema Corte entre 2019 y 2022 y le faltaba poco más de un año en el cargo. Pero hay más: el mismo día que presentó su renuncia, anunció que se sumaría a la campaña de Claudia Sheinbaum, la virtual candidata presidencial del partido en el gobierno.

Según la Constitución, las renuncias de los ministros “solamente procederán por causas graves; serán sometidas al Ejecutivo y, si éste las acepta, las enviará para su aprobación al Senado”. Zaldívar no explicó la causa grave detrás de su solicitud. No obstante, de manera poco sorprendente, tanto el Presidente como la mayoría del Senado la aprobaron esta semana.

En 2017, Zaldívar afirmaba que: “Cualquier proyecto nacional debe poner en la cima de sus prioridades el fortalecimiento de la independencia y la autonomía del Poder Judicial y, particularmente, de la SCJN. Apostar por juzgadores capaces de enfrentarse a quienes ejercen el poder, ya sea político, económico, mediático, etcétera.” (Milenio, 21/Feb/2017). Más tarde, en diciembre 2018, en sus líneas generales de trabajo para presidir la Corte, afirmaba que el Poder Judicial “requiere iniciar un proceso de renovación indispensable para estar en aptitud de defender su independencia y autonomía desde una posición de fortaleza institucional”. Bien dicen que es mejor evaluar las acciones antes que las palabras de quienes prometieron vigilar el orden constitucional.

Hay quienes argumentan que, después de todo, no se le puede prohibir a nadie renunciar a un cargo público, o que nadie está obligado a hacer lo que juzga imposible—actuar con imparcialidad e independencia, por ejemplo—, etcétera. Pero el meollo del asunto no se trata de prohibiciones o coartar libertades, sino de que la inamovilidad de los jueces y la renovación escalonada de la Corte son aspectos fundamentales para salvaguardar la independencia y autonomía del máximo tribunal de una democracia constitucional. ¿Qué tipo de Corte tendríamos si varios ministros decidieran renunciar a sus cargos por razones inconfesables, tal y como ocurrió en Bolivia durante los años de Evo Morales?

La renovación escalonada de la Corte y la designación por dos terceras partes del Senado es parte de un diseño constitucional que intenta, por un lado, que ningún Presidente tenga una influencia excesiva en la integración del pleno y, por otro, que los partidos en el gobierno construyan consensos al interior del Legislativo. En todo caso, el Ejecutivo tiene ventaja en cualquier designación, puesto que, si sus ternas propuestas son rechazadas dos veces por el Senado, aquél puede designar ministros de manera directa —cosa que nunca ha ocurrido desde 1994 a la fecha, pero podría ocurrir ahora—. No hay impedimento constitucional, salvo el decoro republicano y democrático.

Al presidente López Obrador le correspondía designar a tres ministros durante su sexenio. Tras las renuncias de Eduardo Medina Mora y Arturo Zaldívar, ahora podrá proponer a cinco. A la próxima Presidenta de México le correspondía designar a cinco, pero ahora serán sólo cuatro. A lo largo de dos sexenios, el pleno de la Corte se renueva de manera natural. Pero esto no parece serle suficiente ni al presidente ni a Zaldívar, quién decidió regalarle una designación más a un mandatario saliente.

Ayer, el Presidente presentó su terna para reemplazar a Arturo Zaldívar: Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos —tres funcionarias del gobierno federal—. Medina Mora, el amigo del presidente Peña Nieto, no debió llegar a la Corte en 2015. Por su parte, Arturo Zaldívar no debió sacrificar su mandato constitucional por sus simpatías partidistas. Ambos debilitaron a la Corte. Temo que pronto se debilitará aún más.