Logo de Excélsior                                                        

Autonomía del Coneval

Javier Aparicio

Javier Aparicio

El 18 de julio pasado, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicó una columna invitada —en el sitio internet  animalpolítco.com— que llevaba por título: Por una austeridad mejor implementada: Coneval. Cuatro días después, el lunes 22 de julio, fue removido de su cargo.

El texto referido señalaba, entre otras cosas, que en “este gobierno se han tenido problemas en las áreas de salud, seguridad, cultura, deporte, entre otras, debido a recortes que no han tenido un sólido fundamento y a controles que se han convertido en frenos para el gasto”. Asimismo, señalaba que las medidas de austeridad al interior del Coneval —tales como una reducción de plazas en áreas especializadas y recortes de casi la mitad del presupuesto para contratar estudios e investigaciones que son parte sustancial de su misión— implicarían “que la institución prácticamente deje de funcionar en las próximas semanas”.

El Coneval es un organismo descentralizado del gobierno federal, creado en 2004 conforme a la Ley General de Desarrollo Social, y tiene dos objetivos principales: normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas sociales y, por otro lado, establecer los criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, con transparencia, objetividad y rigor técnico.

Gracias al trabajo de Coneval, desde hace varios años contamos con información oportuna y confiable sobre la evolución de la pobreza alimentaria y la pobreza extrema en el país, o bien la evolución del poder adquisitivo de los hogares en México. Asimismo, Coneval ha realizado evaluaciones del desempeño e impacto de programas sociales específicos, con lo cual podemos saber qué programas sociales tienen mayor incidencia al reducir la desigualdad y cuáles no tanto. Año con año, el Consejo ha documentado rigurosamente tanto el fracaso como el éxito relativo de diversas políticas sociales. Coneval no implementa políticas públicas, las evalúa y emite recomendaciones puntuales, y de ninguna manera podría argumentarse que ha sido un organismo “aplaudidor” de los gobiernos pasados.

Si bien el Consejo ha gozado desde su creación con autonomía técnica —y una reputación de autonomía de facto, por así decirlo—, en febrero de 2014 se reformó el artículo 26 de la Constitución para transformar a Coneval en un órgano constitucional autónomo “con personalidad jurídica y patrimonio propios, a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social. A partir de esa reforma constitucional, el presidente y los consejeros de Coneval requieren ser aprobados por una mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Por desgracia, nada de lo anterior ha ocurrido porque, desde 2014 a la fecha, el Poder Legislativo no ha tenido a bien expedir la ley secundaria respectiva.

Ante tal omisión legislativa, es un hecho que el presidente en turno todavía cuenta con facultades legales para remover al secretario ejecutivo de Coneval, como lo hizo esta semana. Sin embargo, tanto las circunstancias de la remoción como la forma en que se realizó la nueva designación dejan mucho que desear por su extraña semejanza con las experiencias recientes de otros organismos. Dada la holgada mayoría del partido en el gobierno y el reiterado compromiso que se dice tener con una transformación profunda de la política social, sorprende que la omisión legislativa heredada desde 2014 no haya sido corregida todavía.

Si el nuevo gobierno tiene un compromiso real con la transparencia y la transformación de fondo de la política social, ¿por qué no legislar lo que está pendiente para así poder designar a un Consejo con mayor credibilidad y autonomía?

Si el gobierno confía en que sus estrategias abatirán la pobreza y sus programas sociales tendrán un mayor impacto que los programas anteriores, ¿por qué no arroparse de un organismo autónomo que pueda evaluar de manera transparente y rigurosa los programas, objetivos, metas y avances de su nueva política social? Para saber si el gobierno está poniendo “primero a los pobres” hace falta evidencia y evaluaciones sólidas.

Comparte en Redes Sociales

Más de Javier Aparicio