La semana pasada comenzó formalmente el proceso electoral federal 2026-2027 en México, el cual concurrirá con procesos locales en las entidades del país. Al ser una elección de mitad de sexenio, sólo habrá una boleta federal para renovar por completo la Cámara de Diputados, mientras que podrá haber hasta tres boletas locales para renovar la mayoría de las gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos. Por ende, puede decirse que se trata de un proceso electoral eminentemente local, pero que tendrá un claro impacto en la distribución de fuerzas políticas en el Poder Legislativo.
Como sabemos, las leyes electorales establecen que el periodo oficial de precampañas iniciará en enero de 2027 y concluirá el próximo 12 de febrero. El periodo oficial de las campañas legislativas federales será del 4 de abril al 2 de junio, tres días antes de la jornada electoral del domingo 6 de junio. Por último, el periodo para registrar candidaturas y coaliciones electorales será del 22 de marzo al 3 de abril.
De manera informal, las campañas electorales son prácticamente permanentes en una democracia. Los aspirantes a cualquier cargo de elección popular intentan posicionarse al interior de sus partidos políticos o bien darse a conocer entre el electorado mucho tiempo antes de los periodos y plazos formales de campaña. El incentivo para realizar todo tipo de actos anticipados de campaña aumenta cuando los partidos políticos seleccionan candidaturas con base en encuestas realizadas un año antes de la jornada electoral.
Por desgracia, la brecha entre esta realidad y los plazos establecidos por la normatividad genera un espacio de ilegalidad y simulación que compromete la confiabilidad del proceso electoral desde su arranque. Si lo duda, bastará con contrastar la lista de “coordinadores de la defensa de la transformación y la soberanía nacional” que se han estado anunciando desde hace algunas semanas con la lista de precandidaturas y candidaturas que aparecerán en las boletas electorales.
¿Cómo se encuentran las intenciones de voto al inicio del proceso electoral? Según la encuesta nacional más reciente de Buendía y Márquez, levantada a finales de agosto, al iniciar este proceso electoral Morena cuenta con una clara ventaja sobre el resto de los partidos políticos, con una intención de voto de 48% en preferencias efectivas (descontando 28% de no respuesta), mientras que las intenciones de voto para los partidos de oposición están fragmentadas entre PAN, PRI y MC con 15, 12 y 13 por ciento, respectivamente.
A pesar de lo anterior, también vale la pena señalar que Morena ha perdido cierta fuerza desde hace un año a la fecha. Según la misma serie de encuestas de Buendía y Márquez, la identificación partidista con Morena ha pasado de 45% a 34% entre febrero de 2025 y agosto de este año. Por otro lado, la intención de voto efectiva de Morena ha pasado de 58% a 48% en el mismo periodo. Sin embargo, ninguno de los partidos de oposición ha logrado capitalizar este declive. En todo caso la proporción de encuestados que se identifican como independientes ha aumentado de 35 a 47% en este periodo.
Según la misma encuesta, 43% de la población considera que el país va por un mal o muy mal camino frente a 41% que piensa lo contrario. ¿Por qué ningún partido político ha sido capaz de posicionarse y capitalizar el desgaste del partido gobernante? Vale la pena recordar que entre 2000 y 2012, cuando el PAN gobernaba, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto entre la oposición fue más que notable.
Sin duda una coalición opositora amplia podría ayudar a la oposición en 2027, pero quizá no sea suficiente. Por un lado, en años recientes, cuadros importantes de PAN y PRI han migrado felizmente a las filas de Morena. Por otro lado, los partidos políticos de oposición han sido incapaces de renovar sus cúpulas, articular un mensaje claro o bien reclutar o cultivar liderazgos a nivel local o regional que resulten atractivos ante el electorado, que no está satisfecho con el rumbo del país. Hay un desgaste en el gobierno, también lo ha habido en los partidos políticos de oposición.