Para Bibiana Belsasso, por la presentación de su libro
y su programa: Sin Bajar la Guardia.
El gobierno de Donald Trump, más allá de los avances que se puedan generar en otros ámbitos, no va a retroceder en un capítulo que para ellos es principal: la destrucción de las redes de protección política de los grupos narcoterroristas. En eso tienen toda la razón: sin la destrucción de esas redes, todos los avances en detenciones, decomisos e incautaciones están destinadas a perder su efectividad en el tiempo: la protección política y la corrupción, son las que hacen posible la permanencia del crimen organizado.
El diagnóstico que hace la administración Trump el día de ayer en el documento sobre la Determinación presidencial sobre los principales países productores de drogas ilícitas para 2027, una suerte de certificación antidrogas de nuevo cuño, no deja lugar a dudas y es difícil de rebatir.
Dice el documento de la Casa Blanca, refiriéndose a lo que sucede en América del Norte, que si bien se han asegurado con éxito las fronteras estadunidenses, la que tienen con Canadá y con México, ambos países necesitan hacer mucho más “para detener los flujos de drogas mortales hacia nuestro país”. El fentanilo, señala el documento, “continúa produciéndose ilícitamente en laboratorios canadienses clandestinos, y los productos químicos precursores y las drogas sintéticas continúan ingresando a los Estados Unidos a través de Canadá”. Este país, continúa, “necesita tomar medidas significativas para desmantelar los laboratorios de drogas, fortalecer la seguridad de la cadena de suministro y degradar las redes criminales y las pandillas chinas que operan a lo largo de nuestra frontera norte”. Es durísimo, pero no es una visión parcial sobre lo que sucede en Canadá respecto al fentanilo, una droga que también ha hecho estragos en ese país: en Canadá hay narcolaboratorios, muchos de ellos manejados por cárteles chinos y mexicanos, y por allí ingresan muchos de los precursores que se utilizan para producir fentanilo ilegal. No es algo nuevo: eso está detectado, por lo menos, desde las primeras investigaciones sobre las muertes por fentanilo, entre 2016 y 2017.
El diagnóstico que se hace de México es más complejo aún: dice el documento que reconoce “a la administración de la presidenta mexicana Sheinbaum por incautar mayores volúmenes de drogas, desmantelar laboratorios clandestinos y desplegar recursos policiales y militares adicionales en nuestra frontera compartida. Además, agrega, la cooperación de seguridad entre Estados Unidos y México ha ayudado a eliminar a algunos de los jefes de cárteles más notorios del mundo, incluido El Mencho”.
Pero no se queda ahí: “Sin embargo, destaca, México debe tomar medidas adicionales contra las organizaciones narcoterroristas que dominan vastas áreas de su territorio y continúan amenazando al pueblo estadunidense. México necesita reforzar la integridad de la cadena de suministro solicitando una mayor participación de la industria privada y aumentando significativamente las inspecciones en sus puertos de entrada. Además, las inversiones actuales de México en sus fuerzas de seguridad son insuficientes para mantener y expandir sus campañas contra los narcoterroristas, sus finanzas y sus redes criminales. Esto incluye exponer, arrestar y enjuiciar a los muchos funcionarios públicos corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
No se puede estar en desacuerdo con ninguno de estos juicios. Los grupos del crimen organizado siguen controlando vastas zonas de la geografía nacional. Cuando se habla demasiado de soberanía se olvida que nada vulnera más la misma que no tener control pleno del territorio nacional. Se debe incrementar mucho más la seguridad y el control de los puntos de entrada al país: simplemente los escándalos de contrabando fiscal y las denuncias de corrupción sobre aduanas son una demostración de que en ese ámbito hay muchísimo aún por hacer.
También es verdad que no destinamos los recursos suficientes para la seguridad civil y militar. Países como Chile o Colombia invierten mucho más de lo que destina México para estos rubros y muchos de esos recursos en nuestro caso se pierden en gastos administrativos y laborales que no van al centro de esa actividad. Los países de la OCDE invierten cerca de 1.7 por ciento del PIB en seguridad, México destina cerca de 1.28 por ciento, ubicándose entre los miembros que menos invierten en ese rubro. El promedio de los países de América Latina y el Caribe es de 2.2 por ciento del PIB, superando ampliamente el gasto reportado por México. Esto es mucho más notable aún porque, de acuerdo con reportes como el Índice de Paz México, el costo económico de la inseguridad y la violencia equivale a 18 por ciento del PIB, superando con creces la inversión destinada a prevenirla o combatirla.
Y sobre todo tiene razón el informe en que una de las principales exigencias es “exponer, arrestar y enjuiciar a los muchos funcionarios públicos corruptos que han ayudado e instigado a los cárteles y traicionado la seguridad y la soberanía de su propio país”.
Los discursos sobre la injerencia externa tendrían que diferenciar la propaganda de los diagnósticos certeros sobre la situación del país.