¿Subsidio a partidos?

Los terribles sismos de septiembre tuvieron como consecuencia que los líderes de partidos políticos, a diestra y siniestra, reabrieran el debate sobre el financiamiento público a sus partidos. La propuesta de los principales líderes partidistas es que los cuantiosos subsidios que reciben año con año deberían reducirse, o de plano desaparecer, para atender a los cientos de miles de damnificados.

Dejando de lado si esta propuesta es genuina, oportunista o ambas, tengo claro que es notoriamente insuficiente. Por mandato constitucional, durante 2018, los partidos políticos nacionales recibirán más de seis mil 700 millones de pesos, más otro monto similar a nivel local. Cuantioso como lo es, el financiamiento público a partidos para 2018 representa 0.13% del Presupuesto total de Egresos de la Federación que ahora mismo se discute en San Lázaro. Si ese porcentaje es la señal del compromiso de los partidos con los damnificados del país, es una señal bastante pobre.

El debate sobre la mejor forma de canalizar recursos públicos a damnificados está en el Presupuesto de Egresos —mismo que para 2018 será de 5.2 billones de pesos— no sólo en el de partidos. El debate sobre la mejor forma de financiar la política y las campañas no es ahora que el proceso electoral está en marcha.

¿Qué sabemos del financiamiento público a partidos? La mayoría de las democracias del mundo cuentan con algún tipo de financiamiento público a sus partidos políticos. El subsidio a partidos es más frecuente en democracias consolidadas que en aquellas de baja calidad —dos notables excepciones son Estados Unidos y Reino Unido.

Esto no necesariamente quiere decir que subsidiar partidos sea un fin deseable por sí mismo. Después de todo, si los partidos representados en los congresos deciden sobre el presupuesto en la mayoría de las democracias, no debe sorprender que aquéllos decidan subsidiar sus actividades o campañas.

Se dice que el financiamiento público a partidos persigue tres tipos de objetivos: emparejar el terreno de juego electoral entre partidos de oposición y partidos en el gobierno, evitar que los partidos recurran a grupos de interés o fuentes ilegales de financiamiento y, por último, facilitar el crecimiento o la representación de ciertos grupos sociales u organizaciones.

Pero nada es gratis. El costo social de subsidiar a partidos es que estos recursos podrían dedicarse a otras alternativas socialmente más útiles o más urgentes. La forma y cuantía del subsidio a partidos puede tener otras consecuencias no deseadas. Puede suceder que el partido en el gobierno sea quien reciba más subsidios. Si la regulación o fiscalización de los partidos es deficiente, los subsidios a partidos no impedirán el uso de fuentes ilegales de financiamiento. Por último, si los partidos reciben subsidios generosos, esto puede distanciarlos de la sociedad. Pueden existir partidos rentistas: sin muchos simpatizantes ni votos, pero con financiamiento garantizado.

Por desgracia, un régimen sin financiamiento público a partidos —al igual que uno con cero gastos de campaña— también es problemático. Eliminar todo subsidio a partidos perjudica relativamente más a los partidos fuera del poder —con menor acceso al erario—, y beneficia relativamente a los partidos en el gobierno. El gran dinero, público o privado, legal o criminal, puede tener mayor voz y quizá mayor representación de la que de suyo tiene.

Hoy, que miles de familias y hogares mexicanos esperan una respuesta solidaria, confiable, pronta y eficaz de gobiernos que los han desatendido por años, no es tiempo de discusiones frívolas sobre cómo subsidiar o no a los partidos.