¿Burócratas o políticos?

Esta semana fueron designados por el pleno de la Cámara de Diputados, con 336 votos a favor y 32 en contra, tres nuevos integrantes del Consejo General del INE: dos consejeras y un consejero electorales. No entraré al espinoso tema de evaluar la idoneidad de las ...

Esta semana fueron designados por el pleno de la Cámara de Diputados, con 336 votos a favor y 32 en contra, tres nuevos integrantes del Consejo General del INE: dos consejeras y un consejero electorales. No entraré al espinoso tema de evaluar la idoneidad de las designaciones en relación con otros aspirantes por una razón sencilla: conozco tanto a algunos aspirantes como a algunos integrantes del comité evaluador.

Sin embargo, estas designaciones —junto con otras más recientes o que están por ocurrir—  dan pie para una serie de reflexiones sobre la forma y el fondo con que se integran diversos organismos que se quieren autónomos e independientes.

¿Cuál es la mejor forma de designar a los integrantes de un organismo autónomo? El menú de opciones incluye desde convocatorias abiertas, como las del INE y el TEPJF, como las que ocurren a iniciativa de un poder (el Ejecutivo) y requieren la aprobación de otro (el Legislativo) —como la Suprema Corte o el Banco de México, por ejemplo—.

En columnas anteriores he comentado que, ante la aparente imposibilidad de realizar designaciones angelicales, vale la pena que los cuerpos colegiados de estos organismos sean lo suficientemente plurales y calificados, con la esperanza de que la suma de parcialidades produzca actuaciones relativamente imparciales. Por ejemplo, si aceptamos la premisa de que las cuotas partidistas son la mejor —o la única forma— de integrar estos organismos, entonces deberíamos cuestionar por qué sólo deben tomarse en cuenta las preferencias de tres partidos políticos a expensas de otras fuerzas políticas. ¿Cuántas curules debe tener un partido político para que “le toque” designar a alguien?

Por otro lado, ¿cuál es la mejor forma de evaluar a quienes aspiren a serlo? Involucrar a un Comité Evaluador para reducir tal o cual lista de aspirantes no parece ser una mala idea, pero crea el dilema de cómo designar estos comités en primer lugar. Ahora bien, ¿qué deben buscar los evaluadores de aquí o allá, a los mejores burócratas o a los mejores políticos?

Si se buscan burócratas, habilidades técnicas por así decirlo, tiene cierto sentido aplicar exámenes de conocimientos (un ejemplo sería la designación de consejeros estatales electorales). Pero si lo que se buscan son perfiles con ciertas habilidades políticas, quizá deba pesar más la evaluación curricular o una evaluación cualitativa mediante entrevistas. Ningún criterio estará libre de sesgos. Sea cual sea el criterio de evaluación, si los actores políticos que harán la designación final no están dispuestos a designar a las personas mejor evaluadas, quizá valga la pena obviar una etapa que se pretende objetiva, pero en realidad será ignorada.

 ¿Cómo podemos interpretar los más recientes procesos de designación en los institutos electorales? Entre los aspirantes a consejeros electorales de esta convocatoria destacaban dos perfiles claros: la predominancia de abogados, por un lado, y aspirantes con experiencia previa en institutos electorales locales o federales. Las tres personas finalmente designadas en algún momento fueron consejeras (os) locales, por ejemplo.

Esto podría sugerir la consolidación de una especie de carrera administrativa electoral que parte de las oficinas centrales del INE, pasa en algún momento por los OPLES —designados ahora por el INE—, para años más tarde volver al Consejo General. Experiencias similares han ocurrido en el poder judicial o el servicio diplomático, por ejemplo. Este mecanismo incipiente, ¿fortalece o debilita la autonomía e independencia de las autoridades electorales?

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