Tren Interoceánico y el triunfo podrido de la opacidad

La fiscalización del ejercicio de los recursos públicos en México siempre nos ha quedado a deber, dejando impunes las corruptelas de quienes desde el poder se sirven con la cuchara grande.

Independientemente del partido en el gobierno, el titular en turno de la Secretaría Anticorrupción (antes de la Función Pública y previamente de la Contraloría General de la Federación) ha fungido como tapadera.

De ahí que las investigaciones, cuando han existido, nunca fueron estructurales, sino deliberadamente selectivas de personajes que, aun habiendo incurrido en omisiones o peculado, nunca actuaron solos.

Esta discrecionalidad también ha sido característica de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), creada para cumplir con la rendición de cuentas que la Constitución define en su Artículo 79.

Por ley, la ASF es un órgano especializado de la Cámara de Diputados que, con autonomía técnica, debe fiscalizar el uso de los recursos federales y advertirnos a tiempo de prácticas irregulares.

Y si bien esa tarea nunca fue pulcra en sus 25 años, la Auditoría tuvo su mejor desempeño cuando mayor fue la pluralidad legislativa, obligando a todas las partes a vigilarse mutuamente.

Sin embargo, la lógica de las cuotas partidistas y de los cuates terminó afectando la tarea fiscalizadora que, en teoría, los diputados deben vigilar. Eso explica la ceguera de la ASF en el caso de la Casa Blanca en el sexenio de Enrique Peña.

De 2002 a la fecha son escasos los éxitos de la ASF y nulos los efectos, a juzgar por los contadísimos expedientes que se tradujeron en castigos penales y en correcciones estructurales.

Figuran en la lista de las corruptelas documentadas los negocios de la empresa Oceanografía de los hijos de Martha Sahagún, esposa de Vicente Fox, con Pemex; la Estela de Luz construida en el sexenio de Felipe Calderón y el desfalco de Segalmex, la institución que según López Obrador nos traería la autosuficiencia alimentaria.

La saña con la que en el gobierno anterior se utilizó la indagación de la ASF por la Estafa Maestra para encarcelar a Rosario Robles contrasta con el turbio manejo que se hizo de las transas peñistas con Odebrecht, todavía impunes.

Y aunque el cochinero de las corruptelas en Segalmex obligó al auditor David Colmenares a proceder, en los hechos actuó cuidando quedar bien con el presidente López Obrador, sus obras y sus protegidos. Porque, a diferencia de sus antecesores, Arturo González de Aragón y Juan Manuel Portal Martínez, que preservaron ciertos márgenes de autonomía, el actual titular de la ASF optó por meterle el diente al gasto de las entidades y las universidades, y hacerse de la vista gorda con el Ejecutivo federal.

Y es que después de que, en 2021, López Obrador montó en cólera porque la ASF mostró que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México costó 331 mil millones de pesos, Colmenares le dio la espalda al valiente Agustín Caso Raphael, auditor de Desempeño, y tomó el camino de la simulación, enterrando lo poco que quedaba de la fiscalización.

Las obras emblemáticas del sexenio se revisaron por encimita, reportando irregularidades, sí, pero sin analizar la viabilidad y la pertinencia de los proyectos ni acotar el despilfarro de sus inversiones.

Renunciando a su tarea constitucional, la ASF de Colmenares nunca se preguntó por qué Gonzalo López Beltrán, hijo del presidente, tenía el encargo de supervisar la obra del Tren Interoceánico.

El auditor que este marzo concluye su gestión tampoco revisó la cuestionada compra del balasto para las vías, un negocio que involucra a empresarios cercanos a los hijos del exmandatario.

La ASF de Colmenares jamás evaluó la confiabilidad de la consulta a comunidades indígenas sobre el Corredor Interoceánico, a cargo del funcionario Hugo Aguilar Ortiz, hoy presidente de la Suprema Corte, y quien tendrá que excusarse por conflicto de interés si el reclamo de justicia llegara hasta ahí.

El silencio de Colmenares frente a la información que AMLO clasificó como reservada para que Sedena y Marina construyeran sus obras sin rendición de cuentas se rompe hoy con las 14 muertes del tren descarrilado.

Pero no tiene la culpa el auditor omiso, sino los diputados que lo aplaudieron, en abono al triunfo de la opacidad del autoproclamado transformador de la patria.

Habrá quienes celebren la intrascendencia de la ASF, el entreguismo de Colmenares y la sordera de Morena ante la exigencia que el próximo miércoles harán PAN, PRI y MC en la Comisión Permanente, a fin de que en el Congreso se investiguen las causas de la tragedia y si el proyecto ferroviario de la presidenta Sheinbaum tiene futuro.

Y mientras más festejen la ausencia de contrapesos, menos oportunidades tendrán de enterarse que el triunfo de la opacidad comenzó a pudrirse el domingo, entre Nizanda y Chivela, en Oaxaca.