El reto de la narcopolítica, la corrupción y la reforma electoral

A convocatoria del vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, se presentaron las líneas de lo que será la reforma anticorrupción del sexenio.

Los participantes confirmaron que México cuenta con una masa crítica que no se dobla frente al abuso del poder y que sabe que la corrupción alimenta al crimen organizado.

Magda Ponce, del Consejo Coordinador Empresarial, habló de Morelos: “Debemos combatir la impunidad, porque en mi estado no pasa nada, todo mundo hace y deshace. Señalas tantito y tienes persecución y tienes miedo”.

Lucía Mimiaga, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Sinaloa, dijo que es indispensable que la reforma incorpore el enfoque del crimen organizado.

La presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Vania Pérez Morales, sostuvo que la corrupción “ha impregnado a los diferentes grupos políticos de México” y “se ha infiltrado en el aparato de seguridad y justicia”.

Jacobo Pastor García Villarreal, especialista anticorrupción de OCDE, llamó a los legisladores a construir un nuevo sistema de fiscalización que evite la llegada del dinero del crimen organizado a las elecciones.

“Es el momento ideal para empatar la revisión del sistema anticorrupción y la reforma electoral, porque se sabe, y hay estudios, que hay un gran flujo de dinero informal en los partidos y en las campañas; son el punto de origen de fenómenos de corrupción”.

Al siguiente día, en la reunión virtual del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez expuso: “Quiero reconocer el trabajo decidido de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó que se llevaran a cabo los trabajos de una reforma que refuerce el sistema anticorrupción y nos convocó para trabajar con el Congreso. En siete años no nos habíamos reunido sector público y sociedad civil”.

La presidenta del SNA fue directa: “La corrupción está facilitando la operación de grupos criminales y se ha convertido en una amenaza a la estabilidad del mundo y de nuestro país. Casos como el huachicol fiscal, la Estafa Maestra, Segalmex u Odebrecht son una muestra clara de que los servidores públicos e integrantes de las Fuerza Armadas, en actos de corrupción y conflictos de interés e impunidad, han tenido una participación presumiblemente directa y eso se debe de castigar”.

Llamó la atención el señalamiento de la titular de la Fiscalía de Combate a la Corrupción, María Elena Mijangos, quien aseguró que, con la llegada de Ernestina Godoy a la FGR, se había activado la indispensable coordinación frente a una corrupción sofisticada que, con unos cuantos clics, mueve dinero de forma anónima, “constituye esquemas corporativos complejos, dificulta el rastreo de los flujos de recursos y trata de ocultar a los beneficiarios finales; desarrollando operaciones y redes delictivas que pretenden confundir la definición de jurisdicciones dentro y entre los países para su combate”.

Ese martes, la consejera ciudadana sinaloense evidenció la opacidad del gobierno de Rubén Rocha, que no responde a las solicitudes de transparencia en adquisiciones, obra pública, gastos en viáticos y a un nuevo crédito de 2 mil 200 millones de pesos que compromete la viabilidad financiera de la entidad. “Sabemos que nuestros recursos públicos, como lo han señalado diversas investigaciones y organizaciones nacionales e internacionales y periodísticas han sido utilizado en actos ilícitos, para financiar también actos de violencia política y del crimen organizado en nuestros estados”.

Frente a este panorama, resulta pertinente el reto que el dirigente de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, lanzó este jueves a Morena y a la Presidenta de la República: limpiar de narcopolítica al país.

“¿Están dispuestos a que pierda el registro como partido político cualquiera que se haya financiado con el crimen organizado? ¿Están dispuestos a que se anule una elección si se comprueba dinero ilícito? Les lanzamos el reto”, anunció el líder del PAN.

Más allá del atinado planteamiento opositor y del jaloneo del gobierno con PVEM y PT para quitarle plurinominales al Congreso y dinero a los partidos, urge parar la infiltración del crimen organizado en las elecciones.

Esa es una tarea obligada para los artífices de la ruidosa reforma electoral y para quienes comenzaron a preparar los cambios del sistema anticorrupción.

De ello depende que no sigan pendientes dos promesas de la presidenta Claudia Sheinbaum y que en San Lázaro recordó el maestro Adán Córdova en el foro: “Cuando era candidata se dijo que íbamos a tener dos nuevos derechos: a vivir en un ambiente libre de corrupción y a la buena administración”.

Al cierre de esta columna, Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción y la presidenta del SNA hicieron un llamado a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, a que solicite licencia y se separe temporalmente del cargo mientras la investigación a su exesposo se esclarece, con el fin de proteger el interés público sobre cualquier interés particular o personal. ¿La defenderán en Palacio?