Autonomías a salvo: la mala semana del gobierno

Ésta fue una muy mala semana para el discurso oficial que deplora la autonomía de los órganos constitucionales, diseñados como contrapesos del Poder Ejecutivo y distintivos de las democracias modernas.

El éxito del INE, que encabeza Lorenzo Córdova, en la organización de la primera Consulta Popular fue rotundo, en tanto confirmó las capacidades institucionales del árbitro electoral mexicano para hacerse cargo de estos ejercicios de democracia directa.

Frente a la participación de 6 millones 600 mil ciudadanos en responder a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación contrastó el reclamo de Morena y del presidente López Obrador por la presunta falta de entusiasmo de algunos consejeros electorales en el pretendido juicio a los expresidentes de la República. La búsqueda de culpables por las expectativas incumplidas en esa Consulta Popular confirma las limitaciones que el gobierno federal y su partido tienen para concretar propósitos de la autoproclamada Cuarta Transformación, dentro del andamiaje institucional existente.

Otra autonomía que fue confirmada esta semana fue la del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia (Inegi), cuya Junta de Gobierno preside Julio Santaella, al documentar qué sucedió con los ingresos y gastos de los hogares mexicanos entre 2018 y 2020, prendiendo alertas sobre las insuficiencias de las políticas sociales diseñadas en el actual gobierno.

Dos asuntos resultan graves: la desigualdad bajó porque creció el empobrecimiento y la desaparición del Seguro Popular incrementó el gasto de las familias en servicios privados de salud, particularmente en los adultos mayores. 

Con estos insumos del Inegi, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval), un organismo público descentralizado y con autonomía y capacidad técnica para la medición de la pobreza en México, reportó que entre 2018 y 2020 ésta subió y que el mayor aumento se dio en la carencia social de acceso a los servicios de salud.

No deja de ser lamentable que el cumplimiento de estas autonomías institucionales derive en noticias sobre el deterioro social. Pero tampoco es desdeñable el refrendo de nuestro derecho a saber. 

Igual paradoja se ha presentado esta semana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde las pugnas que traían de tiempo atrás sus magistrados estallaron públicamente esta semana, dando paso a la ventilación de una crisis institucional que, sin embargo, confirmó la capacidad de sus integrantes para reconfigurar la indispensable independencia de quien resuelve los litigios derivados de los votos ciudadanos.

Y como en política no hay casualidades, el soterrado conflicto entre cinco magistrados y su depuesto presidente, José Luis Vargas, ocurrió justo en la antesala de la resolución de las impugnaciones a resultados electorales en gubernaturas donde, según el INE y/ o candidatos y partidos perdedores, hubo violaciones a la ley por el uso de recursos ilícitos y situaciones que alteraron las condiciones de equidad en la contienda, tal es el caso de la señalada presencia del crimen organizado.

De manera que antes de entrar en la revisión de los gobernadores electos en Campeche, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y San Luis Potosí, el G5, que conforman Felipe Fuentes, Indalfer Infante, Felipe de la Mata, Janine Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón, decidió relevar al magistrado presidente que, con un expediente de investigación por presunto enriquecimiento ilícito, se había convertido en rehén de personeros gubernamentales que buscaban resoluciones afines al partido en el poder.

Los testimonios del deteriorado clima laboral en el Tribunal abarcan denuncias por la aplicación del polígrafo a colaboradores de los magistrados del G5, en la búsqueda de delaciones que los comprometieran. La gravedad de la crisis del TEPJF es tal que el propio titular del Poder Judicial calificó ayer de inviable la continuidad de la presidencia del magistrado Vargas.

Y como en política no hay casualidades, la independencia del Tribunal Electoral para designar quién la encabeza quedó confirmada en la conferencia en la que el también ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, anunció su rechazo a la ampliación de mandato que, por dos años, diputados y senadores de Morena y sus aliados le otorgaron.

Un rechazo que recuerda la fábula de Esopo de las uvas verdes porque, al igual que en el TEPJF, en el pleno de la Corte la mayoría se negó a validar una medida que el gobierno y su partido calificaron de indispensable.

Al reivindicar su autonomía frente al Ejecutivo, los ministros de la SCJN —incluso los nombrados en este sexenio— confirmaron la vigencia de un Congreso que hace 15 semanas, a través de la oposición, le elevó el costo a quienes en nombre de la justicia buscaron ningunear la división de poderes y la Constitución que la sustenta.