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Revocación: ejercicio estéril

Humberto Musacchio

Humberto Musacchio

La República de las letras

 

El próximo domingo se realizará la consulta sobre revocación de mandato. Lo curioso es que quienes la solicitaron no quieren revocación, sino ratificación, lo que hace de un recurso ciudadano un arma que funciona al revés.

La revocación de mandato es un dispositivo constitucional aprobado en diciembre de 2019. Con él, se dijo entonces, el pueblo podría determinar la destitución del Presidente de la República si éste perdía la confianza de la mayoría de los ciudadanos, siempre y cuando acudieran a las urnas dos quintas partes del total de empadronados, que son poco más de 93 millones.

De entrada, el mecanismo resulta antidemocrático, pues un presidente puede ser destituido por un número menor de ciudadanos que el de aquellos que lo eligieron. En el remotísimo caso de que AMLO perdiera la consulta, bastaría que 50% más uno de 37 millones de votantes (unos 19 millones) demandaran la revocación para que tuviera que dejar el cargo quien fue elegido por 53% del padrón (más de 45 millones de mexicanos), lo que es un absurdo.

Por otra parte, hasta los más furibundos enemigos de Andrés Manuel López Obrador saben que éste cuenta con la aceptación de una considerable mayoría ciudadana. De ahí que esos adversarios no hayan solicitado la revocación, sino que lo hicieran los acérrimos partidarios del Presidente, no para hacerlo abandonar el poder, sino para mostrar el resultado como una ratificación, lo que sentaría un precedente peligroso, pues se podría echar mano de algo semejante para prolongar el periodo presidencial.

Otro factor que exhibe la inutilidad del mecanismo de consulta es que resulta impensable que un represor o un mandatario indeseable pudiera aceptar su remoción. En 1968, cientos de miles expresamos en las calles nuestro repudio al archicriminal Gustavo Díaz Ordaz, quien de ninguna manera hubiera aceptado irse a su casa antes del primero de diciembre de 1970.

Más importante es que en un país con la mitad de sus habitantes en la pobreza y un diez por ciento en pobreza extrema, se destine a una consulta innecesaria dinero que buena falta hace para otros fines. Mil 567 millones de pesos, costo de este proceso, muy bien podrían tener otro empleo.

Un aspecto sumamente negativo del actual proceso de revocación es que, en forma ilegal y altamente onerosa, Morena se ha volcado a las tareas de propaganda y a organizar y realizar movilizaciones, primero, para contar con un número suficiente de solicitantes de la consulta y, luego, en favor de su líder, por lo que llaman “la ratificación de mandato”.

En el colmo, numerosos funcionarios públicos han abandonado las tareas institucionales, por las que cobran dinero de los contribuyentes, para incorporarse a las brigadas de propaganda de la “ratificación”, como es el caso de Adán Augusto López Hernández, hasta hoy secretario de Gobernación. Al señor secretario lo acompañaron, entre otros, Mario Delgado, presidente de Morena, y Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, quienes se trasladaron a un mitin en avión oficial que también se paga de los impuestos.

Igual de lamentable es la ocurrencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien anunció que personalmente se encargará del acarreo de votantes: “yo voy a ir a darles raite, por ahí les caigo… Vamos a ir a todos lados para que la gente se motive, que no haya pretexto alguno (para) que la gente no diga ‘no pude ir’”. Dijo lo anterior en un mitin al que asistieron alcaldes, diputados y senadores sinaloenses.

Por último, cabe recordar que se encomendó al INE la realización de la consulta, pero no se le dio presupuesto y, ante la queja del instituto, arreció la campaña contra los consejeros que no aceptan actuar como meros sirvientes del Ejecutivo.

Si la consulta le resulta favorable a AMLO, lo celebrarán las fuerzas gobiernistas; si así no fuera, se culpará al INE y se promoverá la conversión del instituto en un organismo más dispuesto a acatar órdenes de los gobernantes o, por lo menos, se exigirá la remoción inmediata de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, las bestias negras de los morenistas. Políticamente es negocio redondo, pero resulta muy peligroso usar las instituciones para mezquinos juegos de poder.

 

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